Aparentemente, y según las primeras investigaciones, la funcionaria judicial tuvo un problema de esos a los que estamos expuestos todos, puesto que se vio obligada a despedir a una empleada de su residencia por considerar que habí­a actuado en complicidad con ladrones que entraron a robar. Mujer de derecho, la licenciada Gil Ovalle inició actuaciones judiciales contra la empleada y empezó a recibir amenazas para que dejara de actuar en contra de la pandilla de criminales, pero decidió continuar y para hoy estaba prevista una audiencia en el ramo penal en la que ella concretarí­a los señalamientos.

Una de las grandes interrogantes que se plantea al ciudadano común y corriente cuando se ve en situación de reclamar justicia es si vale la pena el riesgo porque generalmente los maleantes tienen contactos y poder para actuar aun desde la misma cárcel y por ello muchas ví­ctimas de la delincuencia prefieren no aportar datos y no actuar porque saben que se pueden jugar la vida si van para adelante con los procesos de conformidad con la ley.

El problema es que asesinatos como el de ayer no hacen sino confirmar que estamos viviendo en condiciones de absoluta anarquí­a, en auténtica tierra de nadie porque no existe forma de apelar a las normas legales que en un medio civilizado serí­an el instrumento idóneo para resolver problemas y garantizar la pací­fica convivencia. Aquí­, en cambio, cuando alguien es objeto de algún robo, de algún chantaje o amenaza, por lo general opta por callar porque sabe que la denuncia y, peor aún, el juicio contra los delincuentes puede salirle demasiado caro y dañar a sus familiares.

El problema, entonces, es que el mensaje sigue siendo negativo y los delincuentes cada dí­a afianzan más su poder porque la debilidad institucional del Estado y el deterioro de sus instituciones es el caldo de cultivo para que Guatemala se convierta en un paraí­so para los criminales que tienen la más absoluta certeza de que aquí­ el que la hace, jamás la paga. Si acaso alguien cae por casualidad, las probabilidades de que sea condenado son mí­nimas y aún en ese poco probable extremo, la cárcel se convierte en una especie de oficina desde la que realizan sus turbias diligencias sin que nadie se meta con ellos.

Ese es, literalmente, el paí­s que dirige el presidente Colom y por lo visto ese tema no es una de sus grandes preocupaciones. Se está desmoronando todo el sistema, descalabro que obviamente no empezó durante su gestión pero que se acelera porque en estos casos la proyección se vuelve geométrica, e indigna ver que no tienen siquiera idea de qué hacer para contener el problema, no digamos para solucionarlo. Estos crí­menes, señor Presidente, debieran sacudirle la conciencia para entender que estamos cayendo en un precipicio.