Bulgaria y Rumania completan el 1 de enero próximo la ampliación al este de la Unión Europea (UE), que llega de este modo a 27 miembros, una adhesión de la cual esperan obtener dividendos económicos aunque les quedan por resolver importantes cuestiones, como la criminalidad.
Estos dos ex países comunistas -al igual que ocho de los diez que ingresaron a la UE en 2004- son relativamente pobres, con un tercio del ingreso medio del bloque, pero su rápido crecimiento atrae a los inversores extranjeros.
Su llegada da una nueva dimensión estratégica a la UE, que se extenderá hasta el Mar Negro, además de aportar su antigua cultura y un buen potencial turístico.
Menos mediática que la de 2004, esta nueva ampliación pondrá fin a la reunificación de la familia europea más de 15 años después del derrumbe del bloque comunista.
Los 22 millones de rumanos y 7,8 millones búlgaros fueron admitidos finalmente en el «club europeo», aunque con reservas.
Si bien la Comisión Europea no quiso postergar un año su adhesión, decidió en cambio medidas de vigilancia excepcionales en las áreas en que Bulgaria y Rumania tienen problemas: sistema judicial, lucha contra la corrupción, gestión de los fondos europeos y seguridad alimentaria.
En caso de no registrar progresos rápidos, ambos países se exponen a sanciones, por ejemplo el no reconocimiento de decisiones judiciales o la suspensión parcial de las ayudas agrícolas.
En ese sentido, un informe de evaluación está previsto para mediados de marzo.
Al referirse al «progreso global» de los últimos años, un diplomático en Sofía dijo temer la adhesión de un Estado «semimafioso», una situación heredada de las privatizaciones «salvajes» realizadas tras la caída del comunismo en 1989 y que fueron aprovechadas a menudo por los jefes de los servicios secretos.
La guerra de «gangs» en Bulgaria está «en baja sensible», con tres asesinatos a la luz del día este año en comparación con 19 en 2005, indicó recientemente el ministro del Interior, Rumen Petkov.
En la lucha contra la corrupción, Rumania está en mejor posición que su vecina del sur.
La ministra rumana de Justicia, Monica Macovei, trata de incrementar la eficacia del Consejo Superior de la Magistratura y promover la reforma de la justicia en el Parlamento.
Bajo la presión de Bruselas, y pese a las reticencias de varios partidos, la Dirección nacional anticorrupción, creada en 2005, ve desfilar ex y actuales ministros, parlamentarios y alcaldes.
El problema de la corrupción hará que la UE siga muy de cerca la utilización de los fondos europeos, estructurales (para regiones pobres) y agrícolas.
Hasta 2013, ambos países recibirán unos 35 mil millones de euros y los responsables europeos se interrogan sobre su capacidad de «absorber» esas sumas.
Otro tema importante es la apertura del mercado laboral europeo para los nuevos socios.
Tanto Bulgaria como Rumania sufrieron desde 1989 una hemorragia demográfica: cerca del 10% de su población partió a trabajar al extranjero, a menudo en el mercado negro.
Por ello, mientras diez países de la UE abrirán totalmente su mercado laboral a los trabajadores búlgaros y rumanos, otros 15 aplicarán restricciones parciales o totales durante dos años.