Claro que el problema es más grave debido a la complicidad en alto niveles, pues según el gobernador de la provincia de Helmand (sur), primera productora de droga del país, Mohammad Ghulam Mangal, numerosos candidatos a las elecciones provinciales, que también se celebrarán el 20 de agosto, estarían financiados por el tráfico de opio.
«Este dinero puede ser usado para financiar las actividades de los insurgentes, para financiar la guerra, pero también es posible que este dinero sea utilizado por algunas personas para su campaña electoral», afirmó.
Afganistán produce más del 90% de la amapola del planeta, ingrediente de la heroína, por un valor de exportación estimado en 3.400 millones de dólares anuales según la ONU.
Casi el 60% del opio afgano proviene de Helmand, donde los talibanes tienen mucha influencia y financian su insurrección gracias a la droga con unos 100 millones de dólares por año, según las autoridades afganas.
Ahmad Wali Karzai, hermano del presidente candidato a su reelección, fue acusado en reiteradas ocasiones de estar involucrado en el tráfico de droga, que siempre ha negado.
Durante el gobierno de los talibanes (1996-2001), expulsados del poder por una coalición liderada por Estados Unidos, la producción de amapola se derrumbó. Pero tras la invasión estadounidense, la producción de amapola alcanzó un récord absoluto de 8.200 toneladas en 2007.
En 2008, la producción bajó apenas un 6%, según la ONU. La política antinarcóticos llevada a cabo en los últimos años, esencialmente por los estadounidenses, no ha permitido avances significativos.
«Primero se han centrado en las producciones alternativas, pero no funcionó. Luego, se concentraron en la erradicación, y tampoco funcionó», explicó Mangal.
El emisario estadounidense para Afganistán, Richard Holbrooke, calificó en junio de «totalmente ineficaz» la política de erradicación pues destruye el medio de vida de los campesinos, que terminan en brazos de los talibanes.
El gobierno estadounidense que desde enero preside Barack Obama, quiere promover cultivos alternativos entre los productores, muchos de los cuales son pobres y no tienen ningún vínculo con el tráfico en sí.
Con o sin apoyo estadounidense, el gobierno afgano afirma que seguirá con la erradicación de la amapola, según el ministro de Lucha contra los Estupefacientes, el general Jodaidad.
«Es necesaria cierta presión sobre la gente para que abandonen la amapola», explicó.
En todo caso, las autoridades se vanaglorian de algunos éxitos.
En 2007, 21 de las 34 provincias de Afganistán producían amapola. Ahora, el problema se concentra en siete provincias.
Pero tratar de privar a uno de los países más pobres del mundo de su principal fuente de ingresos es una tarea ardua, sobre todo cuando las alternativas son escasas.
El analista político afgano Harun Mir duda de que el próximo presidente afgano adopte medidas severas contra el tráfico, a la luz de las ambiguas alianzas que deben hacer los candidatos para tener una posibilidad de ganar.
«Los candidatos intentan acercarse a personas influyentes, y los señores de la droga afganos tienen mucha influencia», explicó ese experto.
La espiral de violencia en Afganistán con múltiples ataques y cifras récord de soldados extranjeros muertos, no augura nada bueno cuando falta menos de un mes para las elecciones presidenciales que los talibanes juraron boicotear, estiman expertos.
«Desde el principio hemos dicho que los rebeldes aprovecharían este periodo electoral para transmitir su mensaje: no quieren que este gobierno tenga éxito y no quieren que la gente vaya a votar», aseguró el contraalmirante Gregory Smith, portavoz del mando de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, el general Stanley McChrystal.
A menos de un mes de las elecciones provinciales y presidenciales del 20 de agosto, la violencia alcanzó niveles sin igual desde que una coalición internacional liderada por Estados Unidos expulsó del poder a los talibanes a fines de 2001.
Pese a la presencia de unos 90.000 soldados extranjeros, los insurgentes logran llevar a cabo sus ataques y causar importantes bajas, tanto civiles como militares.
Sin ir más lejos, el sábado, los talibanes lanzaron a varios kamikazes en Jost (sudeste), zona donde la rebelión sigue teniendo mucha influencia.
Un civil murió y 17 personas fueron heridas en el ataque, el tercero de ese tipo en los últimos cinco días, en un país arrasado por décadas de guerra y ahora una insurrección islamista.
El sábado también, 16 rebeldes murieron en el este del país, en bombardeos de la artillería afgana, anunció el domingo el Ministerio afgano de Defensa.
Y dos soldados afganos murieron y tres resultaron heridos luego de que su vehículo pisara una mina en la provincia de Paktika, en la frontera paquistaní.
«De nuevo, problemas de seguridad muy graves se están produciendo en el sur y en el este de Afganistán», subraya Harun Mir, experto del Centro afgano de Investigaciones y Estudios Políticos en Kabul.
Estos atentados demuestran que «elementos de las filas de Al Qaida o de los talibanes quieren perturbar las elecciones», dijo.
Según el sitio independiente www.icasualties.org, que lleva el balance de las bajas militares en Irak y en Afganistán, 67 soldados extranjeros murieron desde principios de julio en territorio afgano, una cifra nunca antes registrada desde 2001.
Casi todas las víctimas de julio murieron por el estallido de bombas de fabricación casera.
El enviado especial de Estados Unidos para Pakistán y Afganistán, Richard Holdbrooke, admitió el sábado en Kabul la magnitud de la tarea que tienen por delante y también que la organización de las elecciones será «sumamente difícil».
«Organizar elecciones es difícil en cualquier circunstancia y llevarlas adelante durante una guerra es extraordinario (…) Ninguna elección puede ser perfecta y esta está enfrentada a numerosos y complejos desafíos», advirtió.
Pues incluso en los distritos en los que las fuerzas extranjeras lograron expulsar a los talibanes, la celebración de estos comicios no está ganada.
«Ese sector ha estado mucho tiempo en manos de los talibanes», subrayaba el ministro afgano encargado de la lucha contra el tráfico de droga, el general Jodaidad, durante un desplazamiento al distrito de Garmsir, en la provincia de Helmand, zona de producción de opio por excelencia, una de las principales fuentes de ingresos de la rebelión.
«Tenemos poco tiempo (…) Y pienso que será difícil hacer participar a la gente en las elecciones, en particular en las zonas inestables», agregó.
Las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) están llevando a cabo operaciones importantes en Helmand.
«En Afganistán habrá 7.000 colegios electorales pero pienso que ni el gobierno afgano ni las fuerzas de la coalición, tienen suficiente personal para garantizar la seguridad en cada uno de ellos», estimó Harun Mir.