A ese planteamiento se unieron expertos en economí­a y el influyente Cacif, así­ como la mayorí­a de analistas que han venido exigiendo que todos los programas de inversión del Estado, incluyendo los proyectos de Cohesión Social impulsados por la Primera Dama, sean objeto de una minuciosa evaluación para evitar que los recursos sean utilizados perniciosamente.

   Cabalmente esa es la preocupación de funcionarios del Banco Centroamericano de Integración Económica, ante la eventualidad de que se pretenda repetir la licitación para los trabajos de ejecución de la Franja Transversal del Norte, que fue adjudicada durante el Gobierno del presidente Berger a la única empresa que presentó financiamiento por US $207 millones, por medio del BCIE.

   Como el actual régimen buscó otras ventajas crediticias para el Estado, en lo que atañe, por ejemplo, a obtener mejores tasas de interés, el banco regional aceptó las peticiones gubernamentales, siempre y cuando se respetaran los resultados de la licitación realizada previamente y que el mismo Estado fuera garante del préstamo, conforme normas institucionales del BCIE.

   De lo contrario, si hubiese una nueva licitación, esta organización financiera simplemente ya no concederí­a el préstamo y, por lo consiguiente, no podrí­an ejecutarse los trabajos de la Franja Trasversal del Norte, por falta de financiamiento, puesto que esos recursos los destinará el BCIE a otros proyectos en distintos paí­ses centroamericanos.

   Salvo los neoliberales ortodoxos, para nadie es un secreto que la inversión pública es fundamental en perí­odos de recesión, cuando el capital privado se contrae porque no quiere correr riesgos o simplemente porque no cuenta con recursos, de manera que en las actuales circunstancias derivadas de la crisis financiera internacional, la inversión del Estado es determinante para reactivar la economí­a del paí­s.

   De no ejecutarse el proyecto de la Franja Transversal del Norte, con el debido respeto a los ecosistemas y a los intereses de las comunidades del área, se desperdiciará una importante cuota de liquidez, necesaria para estimular la economí­a nacional, se registrarí­a una pérdida de desarrollo comunitario en las poblaciones adyacentes al proyecto y se desaprovecharí­an oportunidades de fuentes de trabajo de manera directa e indirecta.

    En lo que se refiere a la necesaria transparencia en la ejecución de ese proyecto, el mismo BCIE constituye un determinante aval por tratarse de una institución internacional que tiene como paí­ses miembros, además de los centroamericanos (incluyendo Belice y Panamá), a México, la República Dominicana, Colombia, Argentina y España.

   Adicionalmente, las condiciones del préstamo para financiar el proyecto y las cláusulas de la licitación ya adjudicada, son acordes a las estipuladas en los financiamientos del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.

   Según fuentes cercanas al BCIE, de repetirse la licitación significarí­a la presunción de que existió algún tipo de anomalí­a en el proceso supervisado por el mismo banco regional, poniéndose en entredicho los protocolos administrativos de esa institución. Sin embargo, lo más importante es que se retrasarí­a durante quién sabe cuántos años más, si no lustros o décadas, la ejecución de los trabajos de la Franja Transversal del Norte, como se ha ido posponiendo desde hace más de 30 años.

   (El joven ingeniero Romualdo Tishudo, empleado de un proyecto carretero, le pide incremento salarial a su jefe, quien le responde: -Sí­; yo sé que no le alcanza el sueldo para casarse, pero algún dí­a me lo agradecerá).