Jiménez señala que la seguridad no es solamente un tema de «policí­as y ladrones» y que, por lo tanto, debe ser abordada de una forma integral. Argumenta que el Acuerdo es un pacto de «mí­nimos» es decir, según sus palabras, «un acuerdo de lo que es posible hacer» y señala que toda la lógica del Acuerdo es fortalecer la institucionalidad del Estado. El funcionario explica que junto a la implementación de este esfuerzo, las otras dos polí­ticas estratégicas del Gobierno en materia de seguridad son: el apoyo a la CICIG en su gestión temporal en Guatemala y la implementación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad.

– Centro de Estudios de Guatemala (CEG) ¿Por qué un Acuerdo Nacional de seguridad y justicia? ¿Cuáles son los principales motivos que tuvo el gobierno para impulsar este proceso?

– Francisco Jiménez (FJ): Hay dos ámbitos o dos áreas del por qué. La primera tiene que ver, precisamente, con la necesidad en Guatemala de plantearnos profundamente acciones que pretendan la reforma de Estado. Esto significa que hay un diseño institucional en el cual el Estado guatemalteco ha estado funcionando y que en algunas áreas ya no responde a las necesidades y situaciones que está viviendo el paí­s. No quiero decir con esto que se deba reformar la Constitución, ni mucho menos, hablo del diseño más institucional que tiene que ver con cómo se hace la gestión pública.

Por otro lado, nos encontramos con la segunda área del por qué. El año pasado suceden una serie de situaciones que nos hacen pensar como Organismo Ejecutivo que hay necesidad de hacer un balance profundo del tema de la seguridad. Ya no es simplemente una cuestión de gestión policial, ya no es un tema simplemente de mejorar las capacidades que tienen las instituciones, sino que estamos viviendo una situación particular, una situación excepcional. Otro tema es que no hay una visión integral de la seguridad, es decir, la seguridad sólo se ve como una cuestión de policí­as y ladrones y nada más; y esto no es así­. La seguridad es un elemento que va vinculado con el tema social, al tema económico porque no hay posibilidad de desarrollar la seguridad si no hay un tema de desarrollo social y económico, como tampoco se va a posibilitar lo social y económico si no hay seguridad. Esta es la visión integral necesaria.

Además, se comienza a dar una evolución de la criminalidad, particularmente la criminalidad organizada que no habí­amos tenido en el paí­s. Con esto no queremos decir que los problemas sean exclusivamente del crimen organizado, pero sí­ son los más visibles que tenemos a partir del año pasado. (…) A la par de esto, comienzan a aumentar los homicidios por arma de fuego, empiezan las extorsiones en dimensiones grandes desde los cárteles, es decir, hay una situación particular que nos obliga a decir: «Bueno, tenemos que hacer algo». Pero hay que hacer algo no sólo en el plano operativo coyuntural, sino que esto es un problema de fondo de la propia institucionalidad que no responde.

– CEG: ¿Qué implica un Acuerdo de esta naturaleza en un paí­s como este y qué viabilidad tiene?

– FJ: El Presidente convoca en diferentes momentos a diversos actores que nos hace expresar: «Bueno, este es el momento en el cual tenemos que proponer normativas, generar compromisos, pero, además, tenemos que tener acciones de celeridad en el acceso a la justicia, tenemos que tener acciones polí­ticas y de gestión pública en la seguridad que den algún tipo de herramientas que mejoren la situación». Con esta reflexión es que los tres presidentes de los Organismos del Estado, más el Fiscal General, dicen: «No, aquí­ tenemos que identificar acciones concretas que nos lleven a un compromiso, es decir, tenemos que iniciar un proceso de acciones que tengan un impacto en la construcción de herramientas para el diseño institucional, que mejoren la situación en la cual estamos».

La idea fue siempre hacer un pacto mí­nimo, ¿en qué sentido? Buscar lo que era viable de manera inmediata o casi inmediata, no es un acuerdo de máximos, es decir, no es un acuerdo de lo que deberí­a de ser, sino un acuerdo de lo que es posible hacer. En ese sentido, el Acuerdo implica entonces de parte del Estado reconocer sus propias limitaciones y decir hasta dónde podemos llegar. La idea no es con esto agotar, sino que este es el punto de inicio de un proceso de discusión nacional y de procesos mucho más largos.

– CEG: ¿Existen los recursos financieros para llevar adelante los compromisos del Acuerdo, tomando en cuenta que la presión fiscal es apenas el 8% y la reforma fiscal está estancada en el Congreso?

– FJ: Yo creo que la pregunta tiene que ver con un punto de partida que desde mi punto de vista lamentablemente fue mal comunicado por parte nuestra, (me refiero) al tema financiero de las hojas de ruta que tiene que ver con el Acuerdo, los datos que ahí­ están consignados son las estimaciones de costo. ¿Qué significa cuando decimos estimaciones de costo? Son la acción o las acciones que cada uno de esos compromisos implicarí­a como gastos del Estado. No implican solicitudes al nuevo presupuesto necesariamente.

Estamos trabajando precisamente en ubicar dónde encontramos elementos que pueden estar presupuestados y dónde vamos a tener que solicitar un presupuesto extraordinario. Este es un tema de carácter técnico-financiero que es engorroso, y hoy nosotros como Secretarí­a Técnica no queremos dar ninguna información hasta que no se tenga una certeza plena porque ya hubo lamentablemente un problema de comunicación, y no quisiéramos de nuevo cometer este mismo error.

– CEG: El proceso de construcción de un Acuerdo Nacional nunca es fácil. Menos cuando se trata de temas tan complejos como la justicia y la seguridad. ¿Qué avances identifica hasta ahora y qué debilidades?

– FJ: Como avance significativo, tenemos por ejemplo la puesta en marcha de los juzgados de competencia ampliada que atienden casos de alto impacto. Esto no es un tema del Ejecutivo, porque es un tema del Organismo Judicial, pero hay que reconocer que hay un avance muy importante ahí­. No es fácil construir este tipo de juzgados.

Tenemos pendiente afinar el tema de la seguridad de los jueces, se está trabajando en ello. Nosotros esperamos que esto se resuelva en estos dí­as. Tenemos también otros temas importantes, como es la Polí­tica Nacional de Seguridad, estamos por convocar también a la sociedad civil para participar, estamos haciendo un proceso, la agenda de riesgos y amenazas ya fue elaborada y se dará a conocer en los próximos dí­as. Otro punto importante fue la presentación del Ministerio Público de un proyecto de ley al Congreso para ver todo el tema de carrera dentro del mismo. El Congreso por su parte, ya tiene consensuada una agenda especí­fica para seguridad y justicia. En conclusión, si nos damos cuenta, hay una actitud de voluntad polí­tica en cada uno de los organismos y el MP para llevar a cabo estos compromisos. Es importante indicar que hay cosas que resolver, pero se está trabajando en ello y se va avanzando.

– CEG: ¿Y cuáles son los mayores problemas?

– FJ: Yo creo que son aquellos que tienen que ver con la construcción de nueva institucionalidad y la construcción de nueva infraestructura, como en el caso del Sistema Penitenciario. La nueva institucionalidad que tiene que ver particularmente con el tema de seguridad, que es un reto. Yo dirí­a que hay dos grandes tipos de compromisos: aquéllos que implican acciones dentro de procesos ya encaminados o diseño institucional que está avanzando. Por otro lado, están aquellos compromisos que implican dos cosas: un replanteamiento o un rediseño institucional o una nueva institucionalidad, y aquéllos que implican espacio y discusión.

– CEG: ¿En qué momento especí­fico del proceso del Acuerdo Nacional estamos?

– FJ: Nos encontramos en el proceso especí­fico -que se alargó un poco- de establecer la metodologí­a especí­fica de seguimiento del Grupo Garante, estamos hablando con ellos, hay una actitud sumamente positiva de ellos en su rol de garantes.

Estamos pendientes también en el otro proceso, que es lo que nosotros hemos llamado «retroalimentación», donde se va a convocar a varios sectores a que nos ayuden a retroalimentarnos sobre las hojas de ruta. Es un tema sumamente delicado en el sentido que tenemos que ir construyendo los mecanismos de seguimiento, los mecanismos de retroalimentación, que no sólo son metodológicamente procesos de diálogo, procesos de encuentro, sino que son también elementos de confianza. Confianza en el buen sentido, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, de sentarnos a que nosotros escuchemos a la diversidad de la sociedad civil que nos pueda dar sus puntos de vista, y también en el caso de los garantes de generar un mecanismo final de cómo van a hacer gestión los garantes. Estamos en esa etapa, te digo, un poco atrasados porque nosotros quisiéramos tener eso ya avanzado, pero el tema del Acuerdo como tal, tiene un proceso de continuidad del trabajo, es decir, estamos poco a poco avanzando en los compromisos. No nos quedamos estancados.

– CEG: Se ha hablado bastante acerca del grupo garante que acompaña el Acuerdo. ¿Qué papel tiene asignado durante el proceso de implementación?

– FJ: Una cosa que es importante es que el proceso de construcción de los compromisos es un acuerdo polí­tico. (?) Obviamente, el espí­ritu fue desde el inicio de escuchar opiniones y puntos de vista técnicos, como los que recogieron estas cuatro instituciones y fueron trasladados en el documento. Ahora el tema de ejecución está vinculado con la institucionalidad del Estado, es decir, ellos (el grupo garante) aportan elementos valiosí­simos a la construcción del Acuerdo pero la ejecución como tal es un tema institucional. ¿Por qué razón? Porque es un tema de deducir responsabilidades a los funcionarios encargados de cada una de las instituciones -que van desde los ministros hasta los directores generales y hasta quien debe ser responsable en lo pequeño de cada una de las acciones.

Los garantes son precisamente, desde nuestra perspectiva, aquéllos que van a establecer y a monitorear si efectivamente la ejecución -que está en manos de los funcionarios del Estado- se está llevando de acuerdo al espí­ritu de los compromisos y de acuerdo al contenido de la hojas de ruta.

– CEG: Refirámonos ahora a los tiempos. ¿En qué plazos se esperan resultados concretos respecto de los compromisos adquiridos?

– FJ: En el tema de los plazos es importante hacer una distribución entre el cumplimiento de los compromisos, y los resultados de impacto que pueda percibir la población. Estas son herramientas de construcción institucional, compromisos institucionales, que no necesariamente tienen un impacto inmediato en la percepción de la seguridad. El tema aquí­ es que no es un pacto para ser un plan operativo ni para un plan de seguridad. Es fundamentalmente una hoja de ruta para construir herramientas institucionales en la reforma al sector justicia y de seguridad.

Nosotros manejamos tres tipos de plazos: corto, mediano y largo. Para nosotros corto plazo es un máximo de 90 dí­as; el mediano plazo lo hemos pensado fundamentalmente en la conclusión de 2009; y el largo plazo ocuparí­a lo que va del 2010 a 2011. Y aquí­ quiero hacer un comentario: alguno decí­a que como nosotros estamos enfatizando sólo hasta 2011 esto es un acuerdo de gobierno y no un acuerdo de Estado, no es eso. Es un Acuerdo de Estado, pero que tiene que tener una practicidad en su ejecución. Nosotros no podemos comprometernos más allá de cierto tiempo, pero la idea es dejar abierto y construido el camino para procesos que van a continuar, eso no puede detenerse.

– CEG: Las hojas de ruta han dado mucho de qué hablar. ¿Qué hay que entender por una hoja de ruta, qué componentes tiene? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que se quieren alcanzar con su elaboración?

– FJ: Tomando en cuenta que el Acuerdo tiene la expresión de compromisos de carácter polí­tico, las hojas de ruta no son más que los pasos a seguir para cumplir estos compromisos. ¿Qué significa esto? Significa tener lógicamente expresado en un verbo a dónde queremos llegar con ese compromiso.

Como segundo punto, la hoja de ruta tiene indicadores de procesos que nos dicen qué necesitamos evaluar, qué necesitamos ver para que el proceso vaya caminando. Es un indicador de resultados que nos dice «aquí­ donde vamos a evaluar que se cumplió con el compromiso». Muchas veces esto puede estar amarrado con otros procesos que vengan posteriormente. Las hojas de ruta también marcan una estimación temporal por meses y mediano y largo plazo, y en este momento nos brindan un estimado de costos de cada compromiso.

– CEG: ¿Es suficiente la implementación de un Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia para revertir los altí­simos í­ndices de violencia y criminalidad y reducir el 98% de impunidad que nos aqueja?

– FJ: El Acuerdo Nacional va a tener impacto obviamente en la institucionalidad, pero no va a resolver los problemas que son también problemas estructurales en los temas de seguridad y justicia, el tema de la impunidad, por ejemplo. El Acuerdo no está concebido para eso. El Acuerdo está concebido para generar herramientas que hagan instituciones más eficientes para el combate a la impunidad y a la criminalidad. Esto es importantí­simo, por esta razón uno de los compromisos finales del Acuerdo es el acompañamiento y el apoyo a la CICIG. (?) por eso es que el gobierno tiene tres grandes visiones polí­ticas estratégicas que realizó el presidente Colom: una de ellas es el apoyo a la CICIG en su gestión temporal en Guatemala; otra es la implementación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad; y tercero el Acuerdo Nacional de Seguridad. Estas tres decisiones polí­ticas estratégicas son fundamentales.

– CEG: La participación ciudadana es un tema vital en cualquier proceso que busque transformaciones o cambios de sistema. ¿Qué mecanismos de participación e involucramiento prevé el Acuerdo y qué otras formas de acompañamiento ciudadano pueden implementarse?

– FJ: En el esquema que se presentó el 15 de abril, estaba lo que nosotros llamamos un «espacio de información y de retroalimentación». Significa que vamos a convocar a sectores de la sociedad -no sólo a las organizaciones especializadas en el tema de la promoción y defensa de derechos humanos o a las organizaciones especializadas en temas de seguridad y justicia- sino que a otros espacios sectoriales que son de la vida nacional, para informarles permanentemente del avance o del no avance de los compromisos, y que nos retroalimenten en todo el nivel que consideren oportuno.

Hay obviamente también otros mecanismos que queremos utilizar y que vamos a utilizar, está por ejemplo el Consejo Asesor de Seguridad (CAS), que en su concepción de los Acuerdos de Paz y de su propia normativa establece el contacto directo con sociedad civil para que aporte a la presidencia y al ejecutivo los puntos de vista de sociedad civil sobre los temas de seguridad (?) El Grupo Garante también, pues nos van a dar indicaciones de donde sea necesario reorientar el tema y hay que considerar todos estos elementos.

– CEG: Uno de los grandes problemas que afrontamos en ambos temas – justicia y seguridad – es una debilidad endémica de la institucionalidad del Estado, que dicho sea de paso, no ha sido producto de la generación espontánea. Aquí­ tienen derecho a la seguridad y justicia quienes pueden pagar por ellas. ¿Qué tipo de acciones promueve el Acuerdo para lograr fortalecer la institucionalidad estatal en estos temas?

– FJ: Toda la lógica del Acuerdo es precisamente fortalecer la institucionalidad, la reforma policial es un ejemplo de esto. No sólo se trata de implementar nuevas técnicas administrativas y nuevas técnicas gerenciales, sino que va con el propósito de ir hacia un modo distintito de recuperación de la institucionalidad. Y aquí­ hay otro tema importante: darle la tutela a sí­ mismos, ya es importante que dejemos de pensar, por ejemplo, que la Policí­a Nacional Civil o el Sistema Penitenciario están tan mal, que necesitan de todos los de afuera para mejorar. No, hay que darles a ellos la tutela de sí­ mismos, porque si no hacemos esto no vamos a fortalecer la institucionalidad.

Si hubiera que priorizar y decidir cuáles compromisos hay que sacar adelante y cuáles pueden quedar para el futuro. ¿Qué compromisos priorizarí­a y por qué?

Yo no podrí­a decir el compromiso uno, dos, o el compromiso cien o el ciento cincuenta?lo que tenemos que encaminar es el sentido del Acuerdo, lo más importante es recuperar el espí­ritu del Acuerdo. ¿Y cuál es el espí­ritu del Acuerdo? Primero, todos reconocemos implí­citamente que tenemos un problema y sabemos cuál es: impunidad. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que ponernos de acuerdo (sobre) cuál es el problema que tenemos que resolver para comenzar.

Otro tema que yo recuperarí­a es que aquí­ se habla de coordinación, con una responsabilidad de conducción. Aquí­ hay un tema: tenemos que coordinarnos, pero hay un responsable que debe conducir esto, que es el Estado y sus instituciones. No quiero decir que estemos sacando del tema a la sociedad civil -que es fundamental y que nosotros queremos que nos acompañe- pero en última instancia la conducción es responsabilidad del Estado.