El golpe de Estado perpetrado en Honduras ha evidenciado que las fuerzas conservadoras se resisten. De hecho se consolidan con lo que una real apertura democrática se ve obstaculizada. ¿Cuál es el futuro de la democracia si uno de sus pilares fundamentales: el respeto a la ley, simplemente se hace a un lado y se ignora? ¿Hasta dónde debe ser tolerable un régimen de facto? ¿Cómo explicar el doble error de arrogancia y desplante ante la comunidad internacional de los golpistas?
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Como «una imprudencia de Zelaya» ha sido calificada por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, su breve incursión al territorio hondureño, el pasado sábado. Con ello y por otras actitudes, la Casa Blanca, se ha ganado el calificativo de condescender en demasía con los golpistas. De hecho y en las últimas horas, ahora a un mes del golpe, Micheletti se ha pronunciado más envalentonado. La amnistía propuesta por í“scar Arias, a pesar de todo, también abona en el camino al reconocimiento del régimen golpista, aunque los congresistas hondureños aun no lo puedan ver de esa manera.
En Honduras como aquí, la influencia mediática de las fuerzas conservadoras logra imponer sus temas, con sus exclusivistas puntos de vista y su histórico condicionamiento al manejo de las agendas públicas. De esa suerte el entretejido que se preparó previo al 28 de junio, en adición a los propios errores de conducción de Zelaya, dejó un caldo de cultivo que hizo manipular un cuadro de situaciones en las que en el fondo hubo violaciones a la ley superior de Honduras, tanto por el depuesto mandatario como por sus congresistas.
La amnistía entonces es un «volver» a la noche del 27 de junio, pero sin sanciones para las partes. La resistencia de los golpistas devela una obstinación cuyas repercusiones empeoran la situación. De hecho es volver a negar la supremacía de la ley. En ese cuadro, quiérase o no, la encrucijada es una complicación para el régimen de Obama. Estados Unidos no puede tolerar que simplemente el tiempo siga corriendo y que a pesar de los discursos, los golpistas sencillamente se consoliden. Quiérase o no, Zelaya tendrá que ser el que haga la entrega simbólica de la presidencia.
El tiempo que transcurra de aquí hasta las elecciones no es ganancia para el pueblo hondureño. El cierre de la cooperación financiera internacional lastima, como siempre, a los más necesitados. Y en adición a lo anterior, algunos de los países de Sudamérica han expresado que avalar el resultado de unas elecciones desenvueltas bajo la sombra de un régimen fáctico no puede ser reconocido. Ahí otro foco que acrecienta la crisis hondureña. No se trata entonces tan solo de adelantar el proceso electoral. De hecho lo que está en juego es el respeto a la ley.
Los dos fallidos intentos de Zelaya por retornar a su país y hasta casi someterse a un debido proceso, hacen temer a los golpistas. De hecho se recordaría de inmediato que el Congreso hondureño conoció y aprobó una supuesta renuncia de aquel y que ello fue el fundamento para su exilio sumarísimo a Costa Rica la mañana de aquel domingo, hoy hace un mes.
Pero el mundo actual es en efecto una «aldea global», lo que hacen nuestros vecinos nos afecta directa e indirectamente. Además, la convivencia pacífica entre los Estados se debe fundamentar bajo la supremacía de las leyes y los mutuos reconocimientos de unos y otros. Honduras con su régimen de facto está obviando esa elemental regla del derecho internacional. La lección es que la ley, aunque no sea de nuestro agrado su redacción, es la regla que debe prevalecer. La compleja y empeorada situación hondureña impacta negativamente en los más necesitados. Para ellos el tiempo corre con demasiada prisa. Las limitaciones se anuncian. La escasez se acrecienta y la desesperación pronto hará presa de más víctimas. La obstinación nunca es buena consejera. Y la democracia simplemente se derrumba.