En sendas entrevistas de Prensa, el Comisionado hace referencia a la necesidad de disponer de los instrumentos legales para ejecutar su mandato y dice que no es congruente que le rempujen los casos más complejos y delicados del paí­s y al mismo tiempo le impidan disponer de los mecanismos eficientes para avanzar de conformidad con la Ley. Porque dice bien el abogado español que todas las estructuras que el Estado organizó durante el conflicto, y que no abarcan únicamente a la estructura de justicia y seguridad sino a todo el mismo Estado y aun a empresas privadas y a periodistas, siguen intactas y con más poder. Porque en el transcurso de este tiempo se ha consolidado la crisis institucional que les da mayor campo de acción y maniobra, además de que han amasado inmensas fortunas que les convierten en poderes clandestinos mucho más poderosos de lo que pudieron ser durante la guerra, cuando tení­an que trabajar con los recursos que les asignaban sus jefes, mientras que ahora ellos mismos se agencian de sus propios ingresos producto de la más amplia gama de delitos.

Mucho antes de que viniera la CICIG yo decí­a que el problema de la justicia del paí­s era que la estructura montada para asegurar impunidad a los agentes del Estado encargados de implementar las doctrinas de seguridad nacional quedó intacta luego de la firma de la paz y se puso al servicio de aquéllos que, tras haber librado la guerra, se convirtieron en mercenarios para impulsar sus propias organizaciones criminales. Por supuesto que el poder que tení­an inicialmente era muy grande porque manejaban sobre todo las redes de inteligencia y eso les valí­a para avanzar en la nueva labor que abrazaron, pero al amasar fortunas increí­bles, producto del crimen organizado, aumentaron exponencialmente su poder porque de ser subalternos de la autoridad pasaron en muchos casos a convertirse en los contralores de la autoridad constituida a la que habí­an ayudado a ganar elecciones con jugosos y significativos aportes financieros. Y si a los financistas conocidos se les cumple a cabalidad, cuánto más a los que operan clandestinamente y saben perfectamente cómo cobrar facturas.

El diagnóstico que hace Carlos Castresana de la realidad es exacto y puntual, como lo es su planteamiento de que no basta con prorrogar el mandato de la Comisión sino que hay que dotarla de los instrumentos legales para permitirle realizar el trabajo. Por ello es que hasta ahora en el Congreso no ha habido real apoyo a la CICIG porque es larga la lista de leyes que ayudarán no a esa comisión, sino al paí­s para luchar contra la impunidad, pero como dice Castresana, los brazos del crimen organizado están metidos por todos lados.