La semana pasada no fue como las anteriores durante las que parecía que en el país podía prevalecer una relativa calma luego de la tensión de mayo y parte de junio. Lo que contribuyó a desencadenar ese clima de tensión inducido se puede encontrar en algunos de los medios escritos de la mañana del lunes 13 cuya mayoría de editoriales y columnas de opinión lo reflejan. Otros factores, de alguna manera, influyeron.
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En lo internacional, la salida negociada de la grave situación creada en Honduras a raíz del golpe militar del 28 de junio no conviene a quienes están a favor de la asonada castrense y en contra de que se deslegitime al gobernante usurpador. Nada asegura que una salida como la ideada por el mediador nombrado por el departamento estadounidense de Estado, garantice el retorno al poder del gobernante constitucionalmente electo y violentamente defenestrado.
En lo nacional, la tirantez que una vez más se intentó generar la semana del 12 al 18 de julio es resultado de algunos hechos que estaban por darse y que se dieron en el curso de la misma.
El lunes 13 se dio la movilización de los pobladores de San Juan Sacatepéquez a la ciudad capital en protesta y rechazo a la instalación de una cementera en su localidad.
Si usted lo recuerda, se insinuó que podría generarse disturbios incontrolables y que la protesta pudiera irse más allá de «lo legalmente permitido». La madurez y sensatez de la dirigencia comunitaria así como de los manifestantes hizo trizas semejantes conjeturas.
Para la derecha (de haber ocurrido lo que a hurtadillas se estuvo propalando) era el clima propicio para que la anunciada y por demás sabida salida de Gándara del ministerio de Gobernación tomara otra connotación y que la elección en el Colegio de Abogados y Notarios de las comisiones de postulación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de Apelaciones, terminara favoreciendo a la planilla respaldada por elPeriódico. No faltó los que vieran que era así como se podía distraer la atención de problemas que no acaban de resolverse.
Las condiciones así creadas eran inmejorables, además, para el martes 14 presentar la encuesta en la que el 52.8 por ciento de la población desaprueba la gestión gubernamental y considera que el país va de mal en peor.
Desde mi punto de vista, esa encuesta está elaborada con el deliberado propósito de proporcionarle más elementos «de opinión y evaluación» a quienes están detrás de «los camisas blancas» y a los interesados en deslegitimar aún más a las autoridades. No se necesita leerla más de una vez para caer en la cuenta que los resultados que arroja, van en esa dirección.
En ese contexto, en el área centroamericana la mediación para la búsqueda de una solución negociada a la llamada crisis hondureña, ya había dado un serio traspiés el 11 de julio y lo que sucedió el sábado 18 no podía ser nada diferente a no ser el endurecimiento aún mayor de la posición de la delegación golpista y la precipitada flexibilidad de los personeros del gobierno legítimo del presidente Zelaya que no parecen darse cuenta de la trampa que se les ha tendido.
Los siete puntos de la propuesta elaborada por el mediador, no se les puede considerar como un punto de partida consistente y válido para encontrarle una solución política al golpe de los militares hondureños y desactivar la potencial hondureñización del área. El impasse en que se está beneficia al gobierno de facto y perjudica al pueblo hondureño que, víctima de la represión militar y policial, y la violenta violación de sus derechos ciudadanos y civiles, ni siquiera merece en la propuesta una sola línea de condena y reprobación.
El punto seis, textualmente transcrito, propone el «Traslado del comando de las Fuerzas Armadas del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral, un mes antes de las elecciones (las que a su vez se trata de que se adelanten un mes) para efecto de garantizar la transparencia y normalidad del sufragio» (sic). Semejante despropósito equivale a meter el tacuazín al gallinero para que haga de las suyas.
Los puntos restantes, más parecieran estar ideados para llevar las cosas a un punto muerto y que es lo que conviene a los golpistas, al gobierno usurpador y a sus aliados y simpatizantes en Centroamérica, en particular.
En este momento, la última palabra la tiene el presidente Zelaya y el combativo hermano pueblo hondureño en lucha frontal contra el gobierno de facto