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En esta entrevista, responde como presidente de la Comisión de Postulación, que debe recibir y presentar una lista de 26 perfiles de abogados, de los cuales 13, que serán electos por el Congreso de la República, conducirán la Corte Suprema de Justicia y al Organismo Judicial a partir de octubre y durante cinco años hasta el año 2014.

En sus respuestas evoca a la Constitución Polí­tica de la República. La primera respuesta coincidió con la elección de las planillas en el Colegio de Abogados. También confirma que detrás de esta elección acechan intereses negativos.

LA HORA: ¿Qué problemas debe resolver ya como presidente de la Comisión de Postulación para que la selección de candidatos sea más democrática ahora con una ley especial?

ESTUARDO GíLVEZ: Hay una participación muy alta. Una participación muy nutrida de los profesionales del Derecho y lo que espero es que la motivación principal de tanta participación obedezca al interés por conformar de la mejor manera las comisiones de postulación, para que la presentación de las nóminas se haga con los mejores candidatos, su experiencia, su capacidad y obviamente ante todo, su trayectoria ética y moral.

Ya electos todos los integrantes de la comisión se debe celebrar la primera sesión en la que debe elegirse secretario de la comisión y lugar donde se van a celebrar las elecciones. El trabajo esperamos sea un esfuerzo de todos los comisionados -que en total van a ser 28-, y que prevalezca el interés por mejorar la justicia que tanto se necesita dada la violencia e impunidad.

L. H.: ¿Qué tiene de distinto esta nueva participación frente a 2005 cuando se eligió a la cúpula de la justicia en Guatemala?

E. G.: Yo digo que algo novedoso. Es una nueva Ley de Comisiones de Postulación que tiene ciertos procedimientos que desde mi punto de vista son positivos. Por ejemplo, la representación de minorí­as es importante porque impide que un sector, en el caso del Colegio de Abogados, tenga la representación absoluta de nuestro gremio en esa comisión.

Entonces hay más participación, es más incluyente, hay más pesos y contrapesos porque es muy probable que estén representados distintos sectores, de distintas planillas, como ha ocurrido por ejemplo en el caso de la Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones en donde se presentaron dos planillas, pero ambas tendrán representación. Yo veo que hay aspectos positivos que se introducen a través de una nueva legislación.

L. H.: ¿Qué puede responder sobre las constantes denuncias de que los procesos en el pasado estuvieron contaminados y copados por mafias y que ese temor sigue latente?

E. G.: Creo que alrededor de esta elección de Comisiones de Postulación giran muchos aspectos de interés. Es la elección en la que más participan los profesionales del Derecho. Lo que yo esperarí­a, de nuevo se lo reitero: es que la mayor participación tenga que ver con el interés de mejorar el sistema de justicia en Guatemala.

Hay que tratar de impedir a toda costa que prevalezca otro tipo de intereses. De percibir alguna coacción, alguna presión de cualquier naturaleza o de cualquier grupo, lo denunciarí­amos. Lo harí­amos del conocimiento público, porque debe actuarse en la búsqueda de mejores perfiles.

L. H.: ¿Qué otros intereses sanos y positivos para la justicia en Guatemala cree que se necesitan?

E. G.: Lo principal es elegir a profesionales que sean capaces, que tengan experiencia, una buena trayectoria, pero ante todo que sean profesionales que no tengan ningún problema en su ejecutoria profesional.

Por eso es importante la participación. En el proceso hay una etapa fundamental en la cual se deja un tiempo, horarios, audiencias para que comparezca la sociedad civil con la Comisión de Postulación; allí­ es importante que los sectores se pronuncien, que se conozcan de acciones inadecuadas, desde el punto de vista ético o desde el punto de vista legal de alguien que se esté postulando.

L. H.: ¿Por qué los rectores rechazaron la parte fundamental «por sorteo» que dice la ley para la elección de las presidencias de comisiones?

E. G.: Porque evidentemente era inconstitucional y para los rectores, desde el punto de vista de la Academia, era una enorme responsabilidad iniciar un proceso que iba a colisionar con la Constitución. Pudiera haber sido un problema mucho mayor al iniciar un proceso que estuviera al margen de la ley por violar la norma suprema del paí­s.

L. H.: ¿Miedo de no salir favorecido alguien?

E. G.: Vuelvo a repetir, el problema que existí­a en esa norma es que era inconstitucional, tal y como lo resolvió la Corte de Constitucionalidad, al indicar que ante la notoria inconstitucionalidad pues acordó la suspensión provisional.

L. H.: ¿Qué pierde un rector cuando queda fuera de una comisión de esta calidad?

E. G.: Absolutamente nada.

L. H.: Entonces, ¿por qué el interés de participar y presidir una comisión?

E. G.: Nadie ha dicho que hay interés particular de ningún rector de participar. Es mandato constitucional participar. Es la Constitución de la República la que establece que los rectores deben participar.

L. H.: ¿Qué opina que algunos grupos fiscalizadores en la sociedad civil dicen que la elección de su persona fue porque los otros rectores tienen conflicto de intereses?

E. G.: Yo lo que creo es que los rectores actuaron con mucha responsabilidad al haber respetado la Constitución, y, en el caso de los rectores que tienen participación en la polí­tica nacional, fue la opinión de ellos que no era compatible con el ejercicio de un cargo en una Comisión de Postulación y fue criterio de ellos inhibirse, lo cual todos los rectores respetamos.

L. H.: ¿Cómo lucha un rector y una comisión contra el crimen o grupos mafiosos que quieran influir para que no sean seleccionados los mejor preparados y más honestos para impartir justicia?

E. G.: Por lo que debe lucharse es por lograr una objetividad. Que realmente se propongan al Congreso de la República las personas que objetivamente reúnan las mejores condiciones desde el punto de vista ético y profesional para tener una investidura tan alta como es la de impartir justicia.

Es importante que estas personas sean independientes de cualquier grupo de poder, sea polí­tico, económico o de cualquier naturaleza, no digamos gente vinculada a mafias. Por eso la selección y la nominación de los candidatos deben estar sujetas a criterios de objetividad, de méritos, de capacidad y por eso hay que luchar.

La subjetividad, los criterios de interés particular, o interés de grupos deben ser abandonados para que prevalezca el interés de una sociedad que tanto anhela vivir en paz y en justicia. Espero que ese sea el sentimiento y ese sea la inspiración que motive la participación de los distintos grupos y que motive la participación de quienes resulten electos para integrar esas Comisiones de Postulación.

Desde mi punto de vista yo haré todo lo que esté a mi alcance para que esos criterios de objetividad sean los que prevalezcan.

L. H.: ¿Qué opina de tener familiares dentro del poder del Estado encargado de impartir justicia?

E. G.: Que es un derecho constitucional del trabajo. Es algo que lo veo absolutamente normal, desde el punto de vista de la capacidad y de la trayectoria de las personas.

L. H.: ¿No se le quita la oportunidad a algún otro profesional del Derecho?

E. G.: No, porque lejos de eso, la participación es un derecho que asigna la Constitución al trabajo, es la aspiración que pueden tener ciudadanas y ciudadanos en el marco de la ley. Absolutamente.

L. H.: ¿Qué opina de los señalamientos contra las seis planillas del CANG, que supuestamente podrí­an ser sombrillas de intereses particulares?

E. G.: Lo que yo esperarí­a es que ese interés -que veo normal y natural en el gremio-, es la elección en que más participan profesionales del Derecho, pues que esta participación obedezca no a ese tipo de intereses, que serí­an absolutamente negativos para el paí­s no para el gremio. La justicia no es un tema de abogados, la justicia es un tema de una nación; entonces yo espero que una situación de esas, que serí­a tan dañina para la nación, no ocurra sino que las motivaciones sean las de cumplir con una responsabilidad constitucional.

Es obvio que hay muchos intereses alrededor de esto. Hay quienes luchamos por fortalecer el sistema de justicia, luchamos porque se construya una democracia basada en un Estado de Derecho, porque también hay quienes propugnan por la impunidad y la anarquí­a. Entonces, esa es una realidad evidente en nuestro paí­s: la penetración del crimen organizado en todas las instancias sociales es evidente.

Este problema que no tení­amos en esta magnitud hace 15 años hoy está lastimando y está debilitando las estructuras propias de nuestra sociedad y es fundamental que esos sectores no ganen espacios, sino que los espacios sean ganados por la población, quien quiere un mejor paí­s. Un paí­s que se desarrolle en el marco del respeto de los derechos constitucionales como la vida, la integridad y no a esas mafias que construyen imperios a través de acciones delictivas.

L. H.: ¿Hay temor que la Comisión de Postulación sea presionada por esos grupos oscuros?

E. G.: Es innegable que las mafias tengan interés obviamente en estos temas porque les interesa la impunidad. Lo importante es que todos tengamos el valor y la independencia para actuar para hacer cumplir un requerimiento que tiene la sociedad.

L. H.: ¿Avala usted que los magistrados se reelijan?

E. G.: Ese es un derecho, la ley no prohí­be que se dé el caso de la reelección. Tiene que ver con la trayectoria que ellos hayan tenido en el desempeño de sus cargos y por mi calidad de presidente de una de las Comisiones de Postulación preferirí­a no anticipar ningún criterio en ese sentido; ya será el seno de la Comisión en donde tenga que hablarse caso por caso, dependiendo si hubieran intereses o no de personas por reelegirse.

L. H.: ¿Y los abogados que aparecen en planillas para CSJ y a la vez en las de Salas de Cortes de Apelaciones, pareciendo un recurso obsesionado de ser escogidos?

E. G.: Eso ha ocurrido en ocasiones anteriores de profesionales que se postulan para ambas comisiones, tampoco lo prohí­be la ley. Ese es un tema que también se ha discutido en diferentes momentos y será un tema que de nuevo, de existir abogados que se estén postulando para dos planillas, sea de reflexión, de análisis y de examen en el seno de las comisiones.

L. H.: ¿Guatemala cuenta con profesionales del Derecho que se puedan hacer cargo de la justicia en el paí­s?

E. G.: A nivel del gremio hay mucha gente no solo bien preparada, con experiencia que ha demostrado en toda su trayectoria tener principios y valores muy sólidos que los ha demostrado a lo largo de una vida profesional.

Aprovecho la oportunidad para invitar a estos abogados y abogadas a que participen, a que le den una oportunidad a Guatemala, que tanto lo necesita. Que se postulen y que confí­en en que habrá un enorme esfuerzo por mantener esos criterios de objetividad y que personas de esa trayectoria sean, ojalá, las que integren la totalidad de las nóminas que deben enviarse al Congreso.