«Es una idea que nos ha tomado muchos meses de estudio y el proyecto de ley ya está listo para enviarlo a la Asamblea Legislativa (Congreso)», dijo el ministro en conferencia de prensa.
La normativa pretende, además de generar recursos al fisco, crear un marco regulatorio para más de 300 empresas que operan en el país prácticamente sin ningún control y que movilizan no menos de 4.000 millones de dólares cada año, según estimaciones del propio gobierno costarricense.
De aprobarse la ley, que será presentada al Congreso en los próximos días, se creará una autoridad superior que entre sus funciones tendrá las de prevenir las apuestas ilegales, otorgar o cancelar licencias a los operadores e imponer sanciones administrativas a los infractores.
Paralelamente, funcionará una Superintendencia de Juegos de Azar y Apuestas Electrónicas, que ejercerá un control «muy preciso y riguroso» de las empresas del sector, las cuales tendrán que someterse a una serie de requisitos como mantener sus cuentas bancarias abiertas al escrutinio.
Zúñiga aseguró que, según estudios hechos por el ministerio de Hacienda con la asesoría de expertos internacionales, el nuevo impuesto generará al Estado ingresos entre 80 y 84 millones de dólares al año.
El impuesto y las pretendidas regulaciones «pueden generar algunas reacciones (negativas), pero hemos hablado con la gente de la industria y la mayoría tienen una buena disposición a ser regulados», dijo Zúñiga.
El ministro afirmó que los controles previstos en el proyecto ayudarán al país a cumplir con las normas internacionales que buscan frenar el lavado de activos y los delitos fiscales.