A horas de celebrar los diez primeros años de la firma de los acuerdos de paz, es importante señalar que existen asignaturas pendientes, sobre todo si la intención era generar una paz firme y duradera que pusiera fin a las causas del conflicto. Guatemala es hoy, indudablemente, un país en el que existen mayores espacios para la discusión de los temas, aunque todavía está marcada la exclusión en la toma de decisiones. Somos un país en el que avanzamos en materia de derechos humanos, pero sin consolidar plenamente su respeto. Y, sobre todo, prevalece el problema de la falta de oportunidades para buena parte de la población y eso se refleja principalmente en la emigración que constituye uno de los fenómenos post conflicto.
El desarrollo humano, que debe ser la meta de cualquier organización social, se encuentra estancado en nuestro país y los índices del crecimiento económico no se logran traducir en mejoría de los indicadores de ese desarrollo en materia de salud, educación, vivienda y empleo. El guatemalteco sigue siendo mayoritariamente pobre y es tal la exclusión que muchos jóvenes cifran su esperanza de futuro en la oportunidad de viajar al extranjero para realizar el trabajo que no quieren hacer los habitantes de los países desarrollados y de esa forma mejorar su nivel de vida. En otras palabras, ni siquiera aspiramos a exportar hombres y mujeres plenamente calificados para competir en un mercado laboral sofisticado, sino que apenas mano de obra barata que se haga cargo de las cuestiones más rudimentarias que no quieren hacer los que han alcanzado mínimos de preparación.
Es el momento, entonces, de hacer un alto en el camino y preguntarnos si tras la firma de la paz podemos alentar esperanzas de mejoría viviendo en un Estado que tiene todas las características del Estado fracasado, inútil e inoperante. Es el momento de repensar el contenido de los acuerdos para encontrar en ellos la luz que nos ayude a definir líneas de acción hacia el futuro que nos permitan reconstruir nuestra sociedad, modernizando sus estructuras para combatir la informalidad e involucrar a todos los segmentos en el gran esfuerzo por lograr esa transición hacia el desarrollo.
El debilitamiento del Estado, producto de una intensa campaña ideológica, provocó vacíos de poder y tales vacíos nunca son permanentes porque siempre alguien los ocupa. En nuestro caso ha sido el crimen organizado el que los llenó, aprovechando la ausencia institucional sumada a la incapacidad de las pocas estructuras existentes y parte del reto de consolidar la paz es devolverle al Estado su capacidad para operar, para asumir sus funciones y garantizar la gobernabilidad. Mientras eso no ocurra, todo el resto del proceso estará comprometido y la viabilidad de la paz profunda, de la firme y duradera, se mantendrá lejana.