En medio de una fuerte presión internacional, Micheletti aseguró que está «dispuesto» a renunciar a la presidencia de Honduras para la «paz y la tranquilidad del país».
Micheletti fue designado en la presidencia de Honduras por el Congreso Nacional tras el golpe de Estado del 28 de junio que derrocó a Zelaya del poder y lo expulsó del país.
Ahora, las esperanzas de hallar una salida a la compleja crisis política hondureña están puestas en las negociaciones que las delegaciones de Zelaya y Micheletti llevarán a cabo este sábado en San José con la mediación del presidente costarricense, Oscar Arias.
Tanto Micheletti como Zelaya ya comunicaron a Arias los nombres de los integrantes de las respectivas delegaciones, conformadas a «muy alto nivel» y que cuentan con el «aval total de sus respectivos jefes», dijo el canciller costarricense, Bruno Stagno.
Zelaya ha advertido que si no hay avances en las negociaciones, que pasan por su restitución, este fin de semana regresará a Honduras, pese a la orden de captura que pesa sobre él, y que el fiscal general, Luis Rubí, reiteró que se cumplirá si regresa.
Desde las Naciones Unidas, pasando por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Río o el Sistema de Integración Centroamericana, la comunidad internacional ha dado su «sólido apoyo» a la mediación del presidente costarricense, recordó Stagno, que espera «avances» en esta segunda ronda.
No obstante, nadie desconoce la dificultad de encontrar una solución rápida a la crisis, por lo que, empezando por Arias, se ha advertido que el proceso puede ser más largo de lo esperado.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo estar «moderadamente optimista» ante la posibilidad de lograr «algunos avances» en la cita del próximo sábado.
«Se puede ser moderadamente optimista», dijo Insulza, antes de agregar que «sería aventurado decir que se va a resolver ya el problema» hondureño.
La Unión Europea también reiteró que reponer al mandatario depuesto en Honduras es el único camino para dar por concluida la crisis que ha dejado al país centroamericano totalmente aislado.
Consciente de que el tiempo apremia cuando se encamina a las tres semanas en el exilio, y que su rival Micheletti se afianza en el poder, Zelaya instó a los hondureños a la «insurrección» como «derecho legítimo» para luchar contra los golpistas.
Para este jueves y viernes, el Frente de Resistencia, una red de sindicatos y organizaciones sociales que apoyan a Zelaya, anunció bloqueos de las principales carreteras y manifestaciones para exigir su regreso al país.
El gobierno de facto restauró el miércoles el toque de queda para prevenir eventuales disturbios después de haberlo levantado dos días atrás.
Esta medida se debe a las «continuas y abiertas amenazas de parte de grupos que buscan provocar disturbios y desorden en algunos lugares de nuestro país», según la presidencia.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras dijo este miércoles que sólo dio orden de capturar al depuesto mandatario Manuel Zelaya y no de sacarlo del país, como hicieron los militares.
«La CSJ emitió una orden de captura en ese momento contra el señor José Manuel Zelaya Rosales y autorizó el allanamiento de su vivienda para ser capturado», aclaró en una rueda de prensa el presidente del cuerpo judicial, Jorge Rivera Avilés.
Rivera admitió que «la orden de expulsión no estaba ordenada en las órdenes de captura y en ese sentido habrá que analizar si el estado de necesidad en ese momento era lo más conveniente, tanto para la vida del capturado como la seguridad nacional».
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, había reconocido en declaraciones a la AFP que los militares sólo recibieron órdenes de capturar a Zelaya, pero ellos lo mandaron a Costa Rica, por miedo a un derramamiento de sangre por eventuales reacciones de sus simpatizantes.
Al preguntarle a Rivera Avilés si fue ilegal lo que hicieron los militares al enviarlo en un avión a Costa Rica, el presidente de la Corte subrayó que «habrá que establecer el grado de necesidad».
«El estado de necesidad consiste en proteger la vida del ciudadano que no está siendo capturado y evitar derramamiento de sangre entre los ciudadanos de un país y todo eso habrá que medirlo más adelante una vez que esto se conozca en los tribunales de la República», indicó.
Por otra parte, Rivera Avilés dijo que Zelaya «no puede ser presidente desde el momento en que atentó contra el orden constitucional» y «al retornar al país tiene que ser puesto inmediatamente a la orden del juzgado competente».
La orden de captura se emitió el 26 de junio.