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A partir de la creación del decreto 42-92, Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, conocido como Bono 14, todos los trabajadores instalados en la economí­a formal tendrí­an derecho a recibirlo durante el mes de julio, en que habitualmente los patronos efectúan este pago extra, a los 12 meses de salario.

No obstante, datos oficiales estiman que el 75% de la PEA se desempeña en la economí­a informal, por lo que tal cantidad carecerí­a de este derecho, en tanto, del 25% restante, se calcula que sólo un 20% tiene acceso a Seguro Social, por lo que se hace la inferencia que esa misma cantidad de trabajadores accederí­a al Bono.

Según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2006 (Encovi) el 69.5% de la PEA no contaba con un contrato escrito de trabajo. A criterio del analista Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), tal situación evidencia que pese a que hay un reconocimiento del contrato oral, la ausencia del escrito se constituye en una forma de no garantizar derechos laborales en su conjunto.

FLEXIBILIZACIí“N

A criterio del analista Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), el creciente proceso de flexibilización laboral ha permitido que el propio Estado, por medio de los contratos bajo el renglón 0-29, cree relaciones laborales donde los trabajadores no tienen derecho a prestaciones.

En tanto, en la iniciativa privada se acrecientan los contratos por servicios profesionales, lo cual también significa una relación de trabajo de no dependencia, por lo que los patronos no ofrecen todas las prestaciones de ley.

Daniel Vásquez, de la Federación Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua), calcula que la cantidad de trabajadores y trabajadoras en esta situación superarí­an los 100 mil, lo cual califica como una «relación mercantilista» y no laboral.

«De alguna forma es falta de visión de los gobiernos, porque en la medida que la población tenga recursos para el consumo, se mueve la economí­a, pero no se mejoran los salarios y esto genera mayor pobreza», adujo.

Según Vásquez, deberí­a ser una función del Estado verificar que los trabajadores tengan acceso a ese derecho; con la actual administración en la cartera del Trabajo, se firmó un acuerdo para que se verificara si el salario mí­nimo se hací­a efectivo en varias fincas en las cuales la Federación conocí­a denuncias de violación al derecho laboral, empero, adujo que tal acción no se implementó.

DINAMIZACIí“N

Durante julio y diciembre, cuando se hace efectivo el pago del Bono 14 y Aguinaldo, respectivamente, la economí­a entra en una etapa de dinamización, lo que permite que los «stocks» que se habí­an acumulado de la producción de bienes y mercancí­as salgan al público y los adquieran.

Santos resalta lo difí­cil de cuantificar la cantidad de efectivo que se moviliza durante estos perí­odos, empero, «haciendo un ejercicio estrictamente hipotético», aduce que al menos habrí­a unos Q15.6 millones erogados en ese pago, si se considera que el salario mí­nimo es de Q1,560 y tal cantidad es multiplicada por el número de trabajadores que recibirí­a el bono (100 mil).

«El dato es bastante alejado, porque hay una cantidad de personas que, en el paí­s más desigual en relación a los salarios, recibirán lo mí­nimo y otros que podrí­an acceder a un Bono 14 de hasta Q50 ó 60 mil», aseveró.

No obstante, el analista del CIIDH estima que el consumo se verí­a limitado a una tercera o cuarta posibilidad, como consecuencia de la crisis.

Según Santos, los principales usos que con certeza las familias guatemaltecas harán del «bono», se destinarán principalmente para sufragar las deudas, total o parcialmente; las cuales podrí­an referirse a compra de viviendas, o el pago de tarjetas de crédito u otros consumos.

Mientas que podrí­a darse un segundo uso: posible ahorro, para enfrentar posteriores contingencias económicas.