Una plataforma de 26 organizaciones pro derechos humanos pidió hoy al Senado español que paralice el proceso para limitar el ejercicio de la jurisdicción universal y que la justicia española siga siendo «vanguardista» en la defensa internacional de los derechos humanos.
Todas ellas propusieron «que se retire de la discusión parlamentaria la modificación del régimen legal de la jurisdicción universal», declaró el abogado español Joan Garcés, defensor en España de las víctimas en la causa contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La aplicación de la jurisdicción universal en España «se ve ahora afectada en este proceso de presiones externas donde (el gobierno español) no debería ceder», dijo por su parte el colombiano Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Pérez denunció que la diplomacia española, que busca seguridad jurídica para sus empresas en el exterior, no ponga «el mismo énfasis en hacer avanzar la justicia» universal.
España es «un país vanguardista en la defensa universal de los derechos humanos» y si modifica la ley, debería hacerlo para «ampliarla y que sea un ejemplo para otros países», según el responsable del sindicado UGT Antonio López.
La jurisdicción universal permitió a la justicia española condenar al ex represor argentino de la dictadura Adolfo Scilingo en 2007 a 1.084 años de cárcel.
Actualmente, magistrados de seis juzgados españoles investigan casos en Guatemala, El Salvador, Chile, Tíbet, Guantánamo, Ruanda o Sáhara Occidental.
En los últimos meses, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la oposición conservadora y la fiscalía se pronunciaron a favor de limitar el ejercicio de la justicia universal en España, que los jueces españoles pueden ejercer desde 2005 para todo crimen contra la humanidad cometido en cualquier parte del mundo.
Esto llevó a los socialistas y a la oposición conservadora a acordar un recorte de la legislación que el Congreso de los Diputados aprobó el 25 de junio y que ahora debe votar el Senado.
La razón es los problemas diplomáticos que puede causar con otros países y las quejas de las autoridades israelíes por una investigación que finalmente se cerró hace dos semanas.
Por su parte, el gobierno chino ha pedido a España que cierre una investigación sobre la represión de manifestaciones en Tíbet en 2008.
Con esta limitación, los jueces españoles sólo podrán investigar a partir de ahora los casos en que las víctimas sean españolas o en que los responsables sospechosos se encuentren en España.
Las organizaciones denunciaron que el trámite en el Congreso se hizo «de manera urgente» y «a espaldas de la ciudadanía» y según Garcés, las presiones podrían venir también de «determinados centros de poder en España» que no quieren que se investiguen los crímenes de la Guerra Civil española (1936-1939).
En el manifiesto presentado este martes, para el que recabará firmas en todo el mundo que remitirán al Senado, recuerdan que «la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los Estados» y «no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas», según el texto, promovido también por Amnistía Internacional.
En la misma línea, el juez español Baltasar Garzón, gran defensor de la justicia universal y promotor de la detención de Pinochet en Londres en 1998, estimó el lunes «muy triste que se renuncie a esas gotas de acción judicial internacional que se habían conseguido» y subrayó que «ningún gobierno democrático puede ni debe someterse a presiones».