SEGURIDAD PNC ha incautado 37 armas en 24 horas
Sólo durante las últimas 24 horas la PNC ha incautado siete pistolas 9 mm, dos revólveres calibre 38 y dos escopetas en manos de hombres principalmente que en promedio cuentan con 30 años de edad y no han presentado la licencia respectiva. Sin saber exactamente si desconocen que la nueva Ley de Armas y Municiones lo prohíbe, las personas siguen portando armas y municiones en vehículos y a pie.
Erwin Dávila, de 26 años de edad, perdió el control de la motocicleta M 182-BSP y se empotró entre varias cabinas telefónicas en la 9ª. avenida y 10ª. calle, zona 11, al sur de la capital; mientras que un hombre desconocido fue muerto a tiros en la 1ª. avenida y 7ª. calle, colonia La Florida, zona 19, que al cierre de esta edición no había sido reconocido, según informe de los Bomberos Voluntarios.
Un juez guatemalteco procesó a un fiscal, dos auxiliares fiscales y dos policías por conspirar y obstruir a la justicia, convirtiéndose en el primer caso que conoce un tribunal de impacto tras ser creados por solicitud de una comisión internacional.
El juez que instruye el caso, Arturo Contreras, decretó la prisión del fiscal, Mario Soberanis, y de los auxiliares fiscales, í“scar Vásquez Fuentes y Arturo Castañón, así como de los agentes policiales, Josué García López y David Vásquez, a los que acusa de conspirar y obstruir a la justicia en la investigación de un asesinato.
Los detenidos habrían ocultado dinero y armas durante el allanamiento de una vivienda, según declaraciones del juez a la prensa local.
Los llamados Tribunales de Jurisdicción Ampliada comenzaron a funcionar la pasada semana en Guatemala a pedido de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), que dirige el español Carlos Castresana.
Los tribunales podrán conocer en la capital casos de alto impacto que sucedan en el interior del país y que no pueden ventilarse en esos lugares debido a la falta de seguridad para los jueces y testigos.
La Cicig comenzó a operar hace casi dos años en Guatemala y su misión es ayudar a las autoridades judiciales a reducir el alto índice de impunidad, que alcanza un 98% de los procesos que llegan a tribunales.