En una consulta realizada por el Consejo de Cohesión Social, el 99 por ciento de los beneficiarios del programa Mi Familia Progresa indicaron que no están de acuerdo en entregar su información completa a las entidades fiscalizadoras del gasto social.
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Edgar Grisolía, director de Mi Familia Progresa, indicó que de 66 mil 803 beneficiarios encuestados, 65 mil 847 no aceptaron que se conozcan sus datos y sólo 956 dijeron que accedían a que se conociera su información.
La consulta fue realizada luego de que la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, exigiera al Consejo de Cohesión Social la información completa de los beneficiarios de ese programa, para iniciar una fiscalización del gasto que implican las transferencias monetarias condicionadas.
En repetidas ocasiones, Montenegro solicitó la información, por lo que Sandra Torres, presidenta del Consejo de Cohesión Social, ordenó que se efectuara la consulta.
Luego de conocer los resultados desfavorables para la fiscalización del programa, la parlamentaría puso en tela de duda la información proporcionada por Cohesión Social.