En Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) se encuentran en una etapa de transición, lo que ha provocado la mirada ciudadana y de las organizaciones sociales y de justicia.
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En ese marco, y a las puertas de una elección para quien presidirá la entidad encargada de la defensa pública penal, trasciende la intención de reelección de Blanca Aída Stalling, actual directora del Instituto y 29 aspirantes más para ese cargo.
El Consejo del IDPP realizó ayer la sesión en la que recibieron las listas de los aspirantes y se verificaron los requisitos mínimos para quienes optarán por ese cargo público.
ANíLISIS
Luis Ramírez, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, señaló una serie de debilidades con las que actualmente cuenta esa entidad; entre ellas subrayó la burocratización y la falta de atención a la defensoría indígena.
«Hay que tomar en cuenta que es una institución nueva en el país, prácticamente surge en 1999 como instituto independiente, eso hace que sea muy novedosa, pero como todo mecanismo se puede convertir en una entidad burocrática y eso empieza a pasar en el IDPP», enfatizó Ramírez.
El analista citó, además, que la defensa indígena en el interior de la República no es priorizada a lo interno de la institución: «habría que evaluar si los abogados hablan el idioma de la localidad para la que fueron designados y hay que fortalecer esa área», indicó.
Ramírez dijo, además, que la ejecución de penas también es un tema débil dentro del IDPP y señaló que es importante que las organizaciones de la sociedad civil participen en llevar casos como: abusos policiales y delitos contra mujeres
El analista expuso, finalmente, que la próxima administración de esa entidad tendrá que hacer un especial énfasis en los siguientes temas: la carrera del defensor público, evaluación constante de mecanismos de desempeño y sanciones internas, pero transparentes y la incorporación de organizaciones que puedan llevar casos con recursos de la Defensa Pública, detalló.
La Defensa Pública Penal tiene una cobertura de 35 sedes a nivel nacional.
En la institución laboran 450 abogados y abogadas de Planta, de Oficio y en Formación.
La entidad cuenta sólo con 15 abogados Defensores Indígenas que hablan el idioma maya y garrí unas del lugar en el que están asignados y 34 intérpretes.
Las defensorías indígenas funcionan en Cobán, Salamá, Chimaltenango, Chiquimula, Santa Eulalia, Puerto Barrios, Santa Elena, Petén; Quetzaltenango, Ixcán, Nebaj, Santa Cruz, Sololá, Mazatenango y Totonicapán
El presupuesto de la Institución aprobado por el Congreso de la República es de Q123 millones.
El pasado viernes cerró la convocatoria para candidatos a director del IDPP; la entidad recibió 30 currículos, de los cuales sólo cinco son de mujeres.
De ese total, 13 son trabajadores de la institución, incluyendo a la aún directora Blanca Stalling, quien entregó su papelería un minuto antes del cierre.
El Foro Guatemala denunció que existe una serie de denuncias y señalamientos contra las instituciones del Estado y que el IDPP no ha escapado de ellas; por lo que hizo un llamado al Consejo de esa institución para que en el proceso de evaluación y selección de los candidatos aseguren la efectiva aplicación del Decreto 19-2009 que regula las comisiones de postulación y erradicar la influencia y la preeminencia de intereses político-partidarios, sectoriales, gremiales o particulares que podrían afectar este proceso, señala el comunicado.
LUIS RAMíREZ
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales