Durante la segunda mitad del siglo pasado, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, muchos de los países de la región latinoamericana vivieron golpes de Estado militar que además de derrocar gobiernos legítimos y democráticos, provocaron daños irreparables a la construcción de la democracia, violaron el Estado de Derecho, los derechos y libertades individuales y cometieron abusos graves y sistemáticos a los derechos humanos de la población. Esa época oscura en la historia de los pueblos dejó el saldo de miles de desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmente, de refugiados, torturados y reprimidos, de familias separadas, viudas y huérfanos. En síntesis, los golpes de Estado militar dejaron en la sociedad dolor, luto, encierro, destierro y muerte.
Las primeras medidas que decretaban los gorilas golpistas para controlar a la población y evitar que las cosas se revirtieran en su contra eran, los estados de excepción (estado de sitio), la suspensión de derechos y garantías constitucionales, toque de queda, represión violenta de las manifestaciones y protestas de los opositores, restricción a las libertades de pensamiento, expresión, tránsito y organización, persecución de opositores, clausura de medios de comunicación social, militarización de la sociedad y aplicación de medidas represivas, autoritarias y dictatoriales al mejor estilo fascista.
En aquellos tiempos, las dictaduras militares instaladas mediante la técnica del golpe de Estado, contaron con el beneplácito y respaldo de las administraciones estadounidenses que alentaron, asesoraron y capacitaron a los militares, para conspirar y usar la fuerza, para tumbar gobiernos civiles y democráticos y reprimir con violencia y brutalidad a sus pueblos. Para citar algunos ejemplos, lo mismito ocurrió en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Honduras, Haití o República Dominicana.
En todos los casos, los golpes de Estado provocaron daños colaterales de orden social, económico y político que dividieron y polarizaron a las sociedades nacionales. Las dictaduras militares espurias son responsables de graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales de las personas, reconocidos universalmente. Por eso, algunos responsables están siendo juzgados por Tribunales nacionales e internacionales, para que respondan por los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la población civil. Un caso paradigmático es Argentina, donde se ha juzgado a altos oficiales militares por violaciones a los Derechos Humanos, algunos ya han recibido condenas de cadena perpetua y otros esperan a pagar por sus crímenes.
Esta evocación del pasado surge por el golpe militar sucedido en la hermana República de Honduras, que como ya dije, merece repudio y condena, por significar un retroceso de la historia y un golpe bajo a las incipientes democracias regionales. Ante la crisis planteada por los golpistas hondureños, la comunidad internacional desarrolla una incesante actividad diplomática que con la mediación del presidente tico í“scar Arias, intenta encontrar una salida para revertir el golpe nefasto y permitir que ese país retorne a la constitucionalidad. ¿Encuentra usted alguna similitud entre el pasado descrito y lo que pasa en Honduras? Los golpistas no deben pasar.
P.S. CONTRAVíA está cumpliendo doce meses de publicación ininterrumpida en este medio que es, «tribuna no mostrador». Salud.