---

Mientras la Fiscalí­a lo sindica del delito de abusos deshonestos violentos, la defensa del sindicado sostiene que la nueva Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas deroga ese delito.

El tribunal de Salamá está a la espera que se resuelva la excepción que la defensa de Thomas planteó para que se declarara el sobreseimiento del caso, mientras la Fiscalí­a espera que el juzgado regional tome su primera declaración por nueve abusos más, cometidos en la misma comunidad.

EL PROCESO

En diciembre último, la Policí­a Nacional Civil de la aldea Chilajú, Salamá, Baja Verapaz, practicó un allanamiento en la residencia de Joshua Thomas Cotoc, quien años atrás habí­a llegado de su paí­s de origen (Estados Unidos) a trabajar como misionero en esa región.

Las autoridades capturaron al estadounidense en flagrante delito, cuando abusaba de cuatro niños de la comunidad donde laboraba. Según información de testigos, el entonces recién detenido intentó quitarse la vida con un bisturí­ al verse descubierto.

El juez de primera instancia de aquella región lo ligó a proceso por cuatro delitos de abusos deshonestos violentos; sin embargo, la fiscalí­a contra la trata de personas, que investiga el caso, asegura tener nueve testimonios más que lo involucran. La fiscalí­a lo acusa por cuatro abusos, pero ya cuenta con nueve testimonios más de otras ví­ctimas.

INTERPRETACIí“N

La defensa de Thomas planteó en primera instancia una reforma del delito ya que consideró que «no hubo violencia» durante la consumación del hecho. También solicitó que el caso se tramitara por medio de un procedimiento abreviado.

Milton Miranda, abogado defensor del procesado, indicó que la primera reforma pretendí­a cambiar el delito de abusos violentos, por el de abusos agravados ya que «no fue con violencia, sino que los invitaba a jugar y después de ganar su confianza ellos consistieron, no se usó fuerza», declaró el defensor.

Miranda también apeló que la fiscalí­a contra la trata de personas conozca el caso ya que el hecho ocurrió en Salamá, argumenta.

El principal planteamiento de la excepción propuesta fue que la nueva Ley contra la violencia sexual, «deroga los abusos deshonestos y lo deja en el limbo, y sólo la mujer puede reclamar que haya una violación incluso», indicó, y agregó: «La ley, reemplaza el delito y no especifica qué se puede hacer y aunque no nos guste, en el fondo, si la ley deroga el delito qué vamos a hacer», expuso el jurista.

Mynor Pinto, fiscal a cargo de la investigación, explicó que no se puede acusar al sindicado por la nueva Ley porque «no le beneficia la aplicación de ese delito», debido al principio de extractividad y retroactividad que sólo se aplica cuando favorece al reo.

«Con la anterior Ley no podrí­a tratarse de una violación, pero la nueva legislación sí­ lo contempla, el punto es que estarí­amos violando principios constitucionales de plantear esa acusación», explicó el investigador.

El fiscal explicó que se trata de una mala interpretación de la Ley ya que esta sólo contempla una nueva figura penal y no elimina el delito por el que es acusado aunque derogue los artí­culos, indicó.

ANíLISIS

A criterio de Karina Javier, del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, «hoy dí­a los jueces no pueden cometer el error de sobreseer un caso, si cuentan con tanta doctrinidad y discusiones a nivel internacional sobre el tema», indicó.

La entrevistada explicó que «la nueva ley derogó el delito porque mejoró el tipo penal y protegió más al niño o niña ví­ctima. Ya no se acusa por abuso sino por violación y agresión sexual, la anterior Ley no permití­a juzgar a los sindicados bajo la dimensión del verdadero ilí­cito», agregó Javier.

La analista dijo finalmente que le preocupa que los jueces resuelvan las acciones de los defensores declarando el sobreseimiento: «ellos (jueces) no pueden alegar ignorancia de la ley y tienen que adecuarse a los delitos que están vigentes», expresó.