La defensa de Alfonso Portillo presentó un amparo contra la Sala de Apelaciones que confirmó a la CICIG como querellante dentro del proceso penal que se tramita en su contra por malversación de fondos.
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La acción se da luego que la Sala Tercera de Apelaciones revocara el fallo de la jueza Leticia Valenzuela, que dejó fuera del proceso contra el ex mandatario a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El amparo presentado, deja en suspenso, una vez más, la intervención de la Comisión internacional dentro de la investigación en contra del ex presidente Portillo.
Amparo
Luis Fernández Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que el amparo ingresó a la Cámara correspondiente y que será tramitado en los próximos días.
«La defensa de Portillo está planteando amparo contra la Sala Tercera que revocó lo que había resuelto la jueza Valenzuela en cuanto a la participación o no de la CICIG dentro del expediente», informó el magistrado.
En sus argumentos, el amparo impugna el sí que la Sala Tercera de Apelaciones otorgó a la CICIG en su resolución del 25 de junio último, en la cual revirtió el fallo judicial del juzgado Quinto de Primera Instancia Penal.
«Hay que revisar si en esa resolución de la sala hay o no alguna afectación de derechos constitucionales, lo cual es el objeto del amparo», explicó Fernández Molina.
Acciones
En mayo último, la jueza Leticia Valenzuela rechazó la petición de la CICIG de adherirse al proceso contra el ex gobernante, aduciendo que el caso no se enmarca en el mandato de la Comisión, referente a investigar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
Una semana más tarde, la Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó que se le retire la inmunidad a la jueza Valenzuela por no haber aceptado como querellante adhesiva a la Comisión y apeló el fallo de la juzgadora.
El 25 de junio último los magistrados Carlos ílvarez, í‰rick ílvarez Mancilla y Luis Reyna declararon con lugar las apelaciones que la CICIG y Fiscalía plantearon contra el fallo de Valenzuela, jueza quinta de Instancia Penal, indicando que existía carencia de fundamentación en esa resolución.
Antes que la jueza Valenzuela dejara sin efecto su fallo, y emitiera otro en el que acepta como querellante adhesivo a la CICIG, la defensa de Portillo planteó un amparo en contra de la resolución de la sala.