Micheletti, en una entrevista exclusiva dejó claro a la comunidad internacional que el presidente depuesto «nunca va a retornar al poder».

Tampoco parece preocuparle demasiado que la Organización de Estados Americanos (OEA) pueda expulsarlo del club de paí­ses democráticos del continente, después de que lo hiciera con Cuba en 1962.

«Si la comunidad internacional considera que hemos cometido delitos, algún error, que nos condene y se acabó», dijo antes de agregar que el 80% de la población está de acuerdo con la decisión de deponer a Zelaya, acusado por la justicia de 18 delitos.

«No se olvide que este gobierno es por seis meses. Una vez que nosotros elijamos nuestras nuevas autoridades ellos (la comunidad internacional) tendrán la libertad de abrirle los espacios a las nuevas autoridades», zanjó.

Los anuncios y presiones de la comunidad internacional para exigir el regreso de Zelaya, que el miércoles participó en la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, continúan.

A la retirada de embajadores que anunciaron los paí­ses miembros de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), siguieron la llamada a consultas de los representantes de España, Francia e Italia.

Estados Unidos suspendió las actividades militares con las fuerzas armadas de Honduras y ha dejado para la próxima semana la decisión sobre un eventual congelamiento de la ayuda a este paí­s, uno de los más pobres de la región que depende de la ayuda exterior para la supervivencia de buena parte de la población.

Los principales organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, también han decidido hacer una «pausa» en sus préstamos mientras se busca una salida a la crisis originada por el golpe que derrocó el domingo pasado a Zelaya.

Pero no todos están de acuerdo con que se apliquen medidas económicas. La federación de entidades empresariales centroamericanas exigió a Guatemala, El Salvador y Nicaragua que abran «de inmediato» sus fronteras al comercio con Honduras y afirmó que las cuestiones polí­ticas no se deben resolver con sanciones económicas.

La determinación del nuevo gobierno, que ya está prácticamente formado, a impedir el regreso de Zelaya y a controlar a sus seguidores, está contribuyendo a cercenar muchas libertades fundamentales.

Al toque de queda vigente hasta el viernes desde las diez de la noche a las cinco de la mañana, se suma una norma aprobada por el Congreso el miércoles que autoriza a mantener personas detenidas por más de 24 horas y suspende garantí­as como la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libre circulación.

Para los crí­ticos, se trata de un «estado de sitio encubierto».

Organizaciones de derechos humanos también han criticado detenciones arbitrarias, reclutamiento militar forzoso y represión contra medios independientes por parte del Ejército tras el golpe de Estado.

«Se está secuestrando nuevamente a los jóvenes para un servicio compulsivo porque ya el Ejército no puede contener las protestas populares», aseguró el director del Centro para la Prevención y Tratamiento de Ví­ctimas de Tortura, Juan Almendares.

Por último, un grupo de cientos de personas con velas y banderas blancas se concentraron la noche del miércoles frente a la sede de Naciones Unidas en Tegucigalpa, para protestar contra el anunciado regreso de Zelaya al paí­s.

Para este jueves se anuncian nuevas manifestaciones.