Desde el 12 de marzo pasado la bancada de la URNG-Maíz planteó al pleno del Congreso de la República la iniciativa para reformar la Ley General de Electricidad, pero los miembros de las comisiones de Energía y Minas y de Legislación y Puntos Constitucionales no le han concedido ningún interés, posiblemente porque no favorece a los sectores privilegiados del país.
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  En concordancia con la economía de mercado, la propuesta pretende evitar la monopolización de actividades simultáneas en el sector eléctrico, facilitar la libre competencia, hacer cumplir estrictamente las cláusulas de los contratos y que se respete el medio ambiente con la promulgación de una ley específica en lo que concierne a las centrales núcleo eléctricas, de tal manera que los adjudicatarios podrán hacer uso de los bienes de dominio público sólo si cumplen con los estudios de impacto ambiental.
  La iniciativa de reformas persigue «poner candados a las autoridades para no modificar ni ampliar los contratos» como ocurre actualmente, en beneficio de los empresarios del ramo, además de que se debe especificar claramente que al Estado le pertenecen las líneas de transmisión de energía eléctrica, calles, caminos y carreteras, consideradas bienes de dominio público.
  En ese orden de ideas, el proyecto de ley define un límite en la duración de servidumbre de paso (actualmente se establece un término máximo de diez años), el cual será negociado entre las partes interesadas, en contra de lo que actualmente prevalece, en el sentido de que se determina un plazo indefinido, que es inconstitucional.
  También se pretende que sea el Estado, y no un ente privado, el que administre el mercado de mayoreo, y que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica tenga la facultad de sancionar a los distribuidores, incluso, hasta llegar a la desconexión forzosa del sistema eléctrico nacional, por malos manejos, en vista de que en la actualidad las empresas Deocsa y Deorsa no están sujetas a esa regulación, toda vez que el administrador del mercado mayorista es juez y parte de los conflictos que, en este sentido, surgen en las comunidades, especialmente rurales.
   Asimismo, el proyecto de ley establece que sea el Estado el único propietario de todas las instalaciones en las cuales el mismo Estado invierte, como en la ejecución de nuevos proyectos de electrificación, que luego los cede a propiedad de empresas privadas, y busca evitar los abusos que suelen cometer frecuentemente las empresas Deocsa y Deorsa, para lo cual se debería establecer más tiempo para ejecutar los cortes de energía eléctrica a los usuarios, previa notificación por deudas de más de dos meses de consumo, además de que las empresas citadas, al igual que la Empresa Eléctrica de Guatemala y las empresas municipales, sean las únicas responsables en lo que atañe a prestar un servicio de calidad al usuario, y no responsabilizar al consumidor, como ocurre ahora.
  Los diputados Héctor Nuila y Walter Rolando Félix López, ponentes del proyecto, señalan que la normativa propuesta debe ser explícita en el cumplimiento de ley vigente, en vista de que actualmente no se cumplen los contratos, no se presta un buen servicio, se castiga a los usuarios y las autoridades de la CNEE son complacientes con los empresarios.
  También se pretende que la CNEE defina y establezca la metodología a seguir en la aplicación de las tarifas en el consumo de energía eléctrica, porque ahora son las mismas distribuidoras las que contratan a los expertos para modificar las tarifas.
  En fin, la iniciativa contempla otras reformas que, de aprobarse, favorecerán a los usuarios y al mismo Estado.
   (El jefe de personal de una empresa municipal distribuidora de energía eléctrica le dice al aspirante  Romualdo Tishudo: -Buscamos un empleado que no se amilane ante ningún trabajo y nunca se enferme… Mi paisano replica: -¡OK! Yo le ayudo a buscarlo).