Organizaciones sindicales, indígenas y campesinas buscan que el Congreso de la República incluya en su agenda legislativa una propuesta de creación de una normativa que regule las relaciones laborales, así como reformas a dos decretos existentes.
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Se trata de la Ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, así como modificaciones a la Ley de Amparo.
En Guatemala existe un alto grado de impunidad de la violencia contra los líderes y el movimiento sindical, ineficacia del sistema de justicia, así como violaciones sistemáticas de la libertad sindical, especialmente en el sector público, como lo confirmó la misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que estuvo en febrero pasado en el país.
Durante su visita, los delegados del organismo internacional estimaron preocupante que no se logre la condena penal de ningún responsable de ataques contra sindicalistas, así como que existan disfunciones en el sistema judicial que generan que los procedimientos sean muy extensos y las sentencias de restitución del derecho laboral de los trabajadores no se apliquen en la mayoría de los casos.
CABILDEO
Efrén Sandoval, miembro del consejo político del movimiento sindical indígena y campesino que promueve las tres propuestas como parte de la agenda laboral que se busca incluir en la agenda legislativa de este año, indicó que las mismas buscan fortalecer los derechos del sector trabajador, por lo que fueron presentadas a varias bancadas en agosto de 2008.
En representación del bloque oficial se tuvo acercamientos con el jefe del mismo, Mario Taracena; así como con la parlamentaria Otilia Lux del Movimiento Indígena Winaq, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el diputado independiente Aníbal García, empero, a la fecha no se ha tenido una respuesta que evidencie interés de las bancadas por apoyar las propuestas.
PROPUESTA 1
Reformas al Decreto número 71-86 del Congreso, Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores del Estado.
Se busca cumplir con las recomendaciones que el comité de libertad sindical de la OIT hizo al Estado de Guatemala, los cuales buscan restaurar la norma luego de los cambios que se le hicieron durante el gobierno de ílvaro Arzú, en 1996 mediante el decreto 36-96; ya que se eliminó el derecho de huelga a los trabajadores del Estado, lo cual, según los sindicalistas, genera condiciones para que el trabajador público sea reprimido al momento de ejercer su derecho a la organización.
PROPUESTA 2
Propuesta más compleja que busca crear una ley complementaria a todo el ordenamiento jurídico laboral guatemalteco. La misma se plantea para dar cumplimiento a la recomendación 198 de la OIT sobre relación de trabajo, la cual busca atacar todos los mecanismos que se han estado utilizando para precarizar las condiciones laborales en Guatemala, según el movimiento sindical.
En la misma se habla sobre el tiempo indefinido para todo contrato laboral individual, empero, se plantea la excepcionalidad de la celebración de contratos de trabajo a plazo fijo, así como los contratos profesionales, tanto en el sector público o privado, los cuales deben estar previamente autorizados por el ministerio de Trabajo.
PROPUESTA 3
Reformas a la Ley de Amparos, Exhibición personal y de Constitucionalidad.
Se busca crear un recurso que tenga efectos inmediatos de suspensión de los efectos de las violaciones laborales.
Ejemplo: si a un trabajador se le violan sus derechos laborales, en el caso de un despido por formar un sindicato, la ley dice que se le tiene que reinstalar en 24 horas; empero, los procesos han permitido que se creen figuras dilatorias que hacen que el proceso termine haciéndose en cinco años; la iniciativa pretende crear un recurso que implique efectos inmediatos de suspensión de los actos violatorios de las garantías laborales, para que esas dilaciones sean evitadas por los patronos, que generalmente buscan desesperar al trabajador para que abandone el juicio.
La misma se plantea como una contrapropuesta a la medida que busca reformas a la misma normativa que, según el movimiento sindical, toma como excusa la lentitud de los procesos tendientes a sancionar a ex funcionarios de gobierno, el cual, a su criterio, recrudecería las limitadas posibilidades de los trabajadores de defender sus derechos humanos a través del amparo.