Severamente hemos criticado el papel deleznable de algunos operadores de justicia que sin empacho se muestran comprometidos y al servicio del crimen organizado. Pero ahora estamos frente a una rara ocasión en la que en tribunales distintos se producen hechos importantes que permiten alentar la esperanza de que en el país pueda empezar un proceso de fortalecimiento de la justicia.
Ayer un juzgado que conoce de la acusación por el multimillonario desvío de fondos en el Ministerio de la Defensa, fijó una caución económica de 40 millones de quetzales para el que fuera ministro cuando se produjo buena parte del desfalco. Contrario a lo que ocurrió cuando otros implicados fueron sometidos a igual proceso, al que quedaron ligados pero sin siquiera tener que cubrir caución alguna, lo que comúnmente se conoce como fianza, al general Arévalo Lacs se le fijó una cantidad que guarda proporción con el monto de lo escamoteado al erario.
Y en la misma jornada, una Sala de Apelaciones revocó la decisión de la jueza que apartó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala del proceso contra el ex presidente Alfonso Portillo, avalando así la facultad de la CICIG para actuar judicialmente con base en su propio mandato derivado del convenio internacional que dio vida a la Comisión.
La costumbre en nuestro país es que los delitos de cuello blanco quedan siempre sin castigo. Lo mismo vale para banqueros prófugos como para funcionarios corruptos que nunca han tenido que rendirle cuentas a nadie. Por ello es que los sucesos de ayer en el Organismo Judicial constituyen un hito histórico porque apuntan a la renovación de los valores esenciales de la administración de justicia. Por primera vez los ciudadanos no tienen que lamentar el comportamiento de sus juzgadores sino que se pueden sentir satisfechos y orgullosos de que existan jueces con la decencia y verticalidad necesarias para el ejercicio de esa importante función dentro de la sociedad.
Por supuesto que ya veremos cómo los otros encartados, lejos de acudir a los tribunales para esclarecer su situación, se esfumarán del escenario nacional porque ahora saben que no están en manos de las marionetas de siempre, de los jueces venales que ya les favorecieron con resoluciones que son una burla a la justicia y a la aspiración del pueblo de que el peso de la ley se aplique justa y severamente a los que han cometido abusos contra un pueblo pobre. Y poco a poco se sigue mostrando que el trabajo de la CICIG es trascendente para lograr el objetivo final de ponerle coto a la impunidad en el país.