El pasado 9 de junio se cumplió un año de que el paí­s ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, por medio del cual Guatemala se comprometió a crear mecanismos para la prevención, investigación y resarcimiento -en un plazo de un año-.

Para Amérigo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado en Guatemala, el Estado tiene «esa obligación pendiente», ya que actualmente el delito de tortura no ha sido «superado».

A criterio de Incalcaterra la creación de mecanismos legales nacionales son fundamentales para la prevención de la tortura, por lo que las debilidades en materia legislativa deben ser superadas, ya que los artí­culos que se refieren a este delito en el Código Penal (201 bis y 425) son «muy amplios y no van dirigidos a donde deberí­an» y su tipificación es complicada.

Por otro lado, estima necesaria una mayor capacitación de los funcionarios que deben investigar los casos, así­ como la reparación de las secuelas en las ví­ctimas y familiares.

CASOS

Por su parte, Oswaldo Samayoa, coordinador del área de privados de libertad del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, denunció la existencia de casos de tortura contra mujeres durante su detención.

Samayoa afirmó que conocen unos 12 casos donde las mujeres han sido torturadas sexualmente en los propios vehí­culos de la policí­a así­ como en lugares abandonados y las comisarí­as, por lo que pidieron el cierre de los 27 centros que hay en el paí­s.