El procedimiento contra el ministro, que es hermano del presidente Oscar Arias, fue iniciado por la Contraloría en febrero pasado, pero un tribunal lo suspendió luego de que el funcionario interpusiera un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, Arias anunció que ha desistido del recurso una vez que le fueron aclarados algunos aspectos de la investigación, que a su juicio podían afectar su derecho de defensa.
La Contraloría investigará la presunta responsabilidad del ministro en la falta de controles con que se administró, desde su despacho, dos millones de dólares que el BCIE donó al gobierno costarricense entre 2006 y 2008.
Los fondos fueron utilizados para pagar más de 80 consultores entre abogados, periodistas, especialistas en imagen y expertos en encuestas, que trabajaban en la Presidencia pero recibían, directamente del BCIE, sueldos muy por encima de los establecidos para los funcionarios de la administración pública.
El mecanismo, que el gobierno mantuvo inicialmente en secreto, provocó fuertes críticas al hacerse público a mediados del año anterior.
Tras la controversia pública, Arias desistió de la ayuda del banco regional alegando que es muy complicado manejar fondos bajo las reglas de la administración pública.