Aunque los aparatos para bloqueo de llamadas ya están en pleno funcionamiento, su función no es óptima pues las extorsiones y otros hechos delictivos que se cometen desde las prisiones no han cesado.

La Fiscalí­a Contra Secuestros y Extorsiones del Ministerio Público afirma que las denuncias por extorsión no han disminuido desde el funcionamiento de los bloqueadores.

Julio Otzoy, jefe de la citada Fiscalí­a, indicó que no se ha establecido concretamente que las extorsiones «se generen desde la prisión», sin embargo, agregó que la Fiscalí­a que preside continúa recibiendo el mismo promedio de denuncias que en meses anteriores.

Otzoy dijo, además, que el Ministerio Público (MP) ha establecido que los bloqueadores «no tienen el espacio total del radio fí­sico de los centros penales y los reclusos han encontrado puntos vulnerables en donde se pueden comunicar al exterior del centro penal», explicó.

Según estadí­sticas de la Fiscalí­a contra extorsiones del MP, un promedio de 116 denuncias mensuales ingresan a esa sección, unas 1 mil 400 anuales. De enero a la fecha se han recibido unas 696 denuncias por ese ilí­cito en el ente investigador.

En el artí­culo 10 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece el delito de exacciones intimidatorias, que comete una persona que integre un grupo organizado y que exija dinero en la ví­a pública o medio de transporte; sin embargo, algunos consideran las penas mí­nimas ya que un tribunal puede aplicar una condena de seis a ocho años de prisión por este tipo de hechos.

Desde su implementación, los aparatos para bloqueos de llamadas fueron instalados en 11 de los 19 centros carcelarios que operan en el paí­s con un costo total de Q21 millones.