Sin embargo, desde hace mucho tiempo vengo insistiendo en que el mayor enemigo del éxito de esos programas está en la forma en que los manejan al negarse a informar de manera clara y transparente sobre el uso que se da a los fondos asignados a ese tipo de programas. El argumento de que la información queda sujeta a la voluntad de los beneficiarios de los programas es infantil, puesto que el dinero que están usando es un recurso de todos los guatemaltecos y por lo tanto la rendición de cuentas no es una opción sino una obligación. Si alguien considera que se menoscaba su dignidad o su seguridad si trasciende que está recibiendo las transferencias de los recursos públicos, simplemente tiene el derecho de no recibir la ayuda a fin de librarse de la publicidad.

En todo caso, la repartición de los recursos se hace de manera pública y en los pueblos todo mundo sabe quién está recibiendo el soporte de los programas de cohesión social. Y si lo saben sus compañeros de comunidad, no hay razón para que no se consigne el dato ante entidades fiscalizadoras que no tienen interés directo en la persona, sino simple y sencillamente en la garantí­a de que el dinero se está usando de conformidad con la ley y, lo más importante, con la decencia indispensable en cualquier programa que se diseña para asistir a los más pobres. Porque si desviar recursos públicos en cualquier caso es un crimen imperdonable, en cuestiones como la asistencia a la gente más necesitada y en salud pública, el crimen es de lesa humanidad y, más que eso, una auténtica cabronada.

Obviamente en los programas de cohesión social hay intereses polí­ticos y eso no se puede ocultar. En todo caso, cualquier gobierno que hemos tenido ha usado recursos públicos para buscar su beneficio polí­tico y al menos en el caso presente se está ayudando a quienes más necesitan. Por supuesto que a la par de que ayudan a los más pobres, mantienen el compromiso de ayuda a quienes les dieron recursos para la campaña y hasta les incrementan sus ganancias porque saben que nuevas inyecciones al partido irán haciendo falta. Pero contra el aprovechamiento polí­tico de un programa eficiente no hay nada que hacer. El tema, por lo tanto, lo veo más desde el punto de vista de que esos programas corren enorme riesgo porque la falta de transparencia alienta la crí­tica y mantiene el debate que, si rindieran cuentas claras, serí­a mucho menor. Hoy en dí­a no existe certeza de que todo el dinero llegue a los que lo necesitan porque no quieren informar y las excusas que argumentan son en realidad insostenibles.