Las dudas que pesan sobre la «transparencia» en la licitación del proyecto para la construcción de la Franja Transversal del Norte no son ajenas al vicepresidente Rafael Espada, quien realizará una investigación legal sobre ese proceso.
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En conferencia de prensa, el Vicegobernante aseguró que el Gobierno realizará una evaluación de la legalidad de la licitación del megaproyecto, que hasta ahora corre por cuenta de la empresa Solel Boneh FTN.
Decenas de empresas interesadas en la construcción de la Franja Transversal del Norte vieron limitadas sus posibilidades de conseguir el contrato de dicho proyecto, debido a que una de las condiciones para participar en el concurso de licitación era conseguir fondos para financiar la construcción y mantenimiento de 360 kilómetros de carreteras, estimado en US $671,9 millones.
Luego de adjudicar el proyecto a la empresa Solel Boneh, el Ejecutivo modificó las disposiciones financieras y liberó a la empresa de la responsabilidad de conseguir el financiamiento, pese a que dicho requerimiento antes había puesto en desventaja a otras constructoras que también deseaban obtener la adjudicación de la construcción de la Franja.
Espada señaló que debido al cambio de las condiciones de financiamiento de la FTN, el Gobierno ha recibido llamados de atención que advierten sobre la necesidad de repetir la licitación y permitir que más empresas participen en la licitación.
INVESTIGACIí“N
El Vicepresidente indicó que recibirá hoy un informe del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de la comisión específica encargada de la FTN, donde participa Segeplan, en el que se detalla la situación legal del proceso.
«Muchas personas me dijeron que lo dejáramos así», pero «me molesta que no está clara la situación», dijo Espada.
«Lo peor que puede suceder es que se repita la licitación y eso no tiene que interferir con el préstamo», advirtió el vicegobernante.
El informe será analizado por Espada y el equipo legal de la Vicepresidencia para luego ser enviado al Congreso de la República, donde se evaluarán los términos del contrato y las posibilidades que existen para repetir la licitación.
«Necesitamos que las condiciones de competencia sean iguales para todos y no se busque beneficiar siempre a los socios y familiares de la gente que tiene el poder político», dijo un contratista, que prefirió no ser citado.
«La repetición de la licitación, bajo términos claros para todos, sería lo ideal en este caso (…) ya que deja muchas dudas el hecho de que se haya cambiado el modo de financiamiento, que en definitiva marca las posibilidad de participar para la mayoría de constructoras», puntualizó.