Mucho se ha escrito respecto a la arbitraria disposición que permite el pago de indemnizaciones a funcionarios que fueron designados o electos para un período determinado y, sin embargo, la inmoralidad persiste a pesar del malestar de la población que entiende el absurdo de esa erogación que le significa millones al fisco y que, por supuesto, provienen del pago de impuestos de la población. Nada ni nadie puede detener la práctica porque, en última instancia, dependería de la Corte de Constitucionalidad el decretar la ilegalidad del pago pero sus integrantes, los magistrados que la componen, también están esperando al final de su período para embolsarse el beneficio.
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Se vuelve una especie de letanía eso de insistir a cada fin de período de funcionarios designados para el desempeño de su cargo, a sabiendas de que de todos modos terminarán cobrando porque prevalece aquello de que, en el peor de los casos, la vergí¼enza pasa y el pisto se queda, lo que es suficiente para mandar al diablo cualquier escrúpulo que se tenga. El colmo ahora es que se afirma que se trata de un derecho no sólo adquirido, sino que además es irrenunciable «como todas las prestaciones laborales», por lo que ni siquiera en un arranque de decencia alguien deja de cobrar el monto asignado.
Es una prueba de que la honestidad no vale de nada y que la lucha para transparentar la gestión pública parece ser una batalla perdida de antemano porque son demasiadas y muy consistentes las acciones que realizan los más altos servidores públicos para sacar provecho del sistema.
Es como con la cuestión del financiamiento de los partidos políticos, elemento que obviamente prostituye el ejercicio del poder porque desde antes de alcanzarlo los que participan en las contiendas ya están amarrados y comprometidos con poderosos sectores que apuestan mediante su inversión a fin de sacar ventaja. De nada sirve la evidencia contundente de que cada vez es más descarado el pago de las facturas que presentan los inversionistas, puesto que del inicial recato que les obligaba a actuar en la sombra y sin dar la cara, han pasado a la desfachatez absoluta que ya no sólo les hace operar a la luz del día, sino que además hasta se interesan en ocupar los puestos desde los que ellos mismos pueden hacer efectivo el pago.
La crisis de valores en la sociedad es demasiado profunda y piensa uno que en realidad se trata de luchas que a lo mejor son estériles porque por mucho que pueda ser cierto que los buenos son más que los malos, indudablemente la astucia de éstos y la indiferencia de aquellos se confabulan para facilitar la perpetuidad de un sistema perverso en el que los largos siempre se salen con la suya.
Dicen por allí que no hay mal que dure cien años, pero los de este nuestro pobre país son parte de su mismo origen. Desde su independencia ha permanecido bajo la batuta de élites que siempre sacan raja a su poder y que se pasan por el arco del triunfo los intereses nacionales y las necesidades de la población, al punto de que se evidencia la falsedad del refrán, porque el mal dura más de cien años y sí hay un pueblo que los aguanta.