DESDE LA REDACCIí“N
Una juez penal procesó a dos funcionarios de la Fiscalía acusados de obstrucción de la justicia en el caso del asesinato de un asesor del Ministerio de Gobernación, el venezolano Víctor Rivera, con lo que suma a cuatro el número de encausados por este caso.
La acción judicial había sido solicitada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), respaldada por la ONU y, por su secretario general, Ban Ki-Moon por organizaciones locales.
Los procesados, la ex subdirectora de la Oficina de Protección del Testigo, Leyla Lemus, y el ex jefe de Análisis de esa unidad, Pedro Pablo Girón, se presentaron voluntariamente ayer a un juzgado, donde fueron procesados.
La titular del Juzgado Octavo de Instancia Penal, Marta Sierra, explicó que los funcionarios pudieron haber incurrido en los delitos de conspiración y obstrucción de justicia, por ello les ordenó arresto domiciliario, arraigo y prohibición de salir del país, aunque no fueron a la cárcel mediante el pago de sendas fianzas de cerca de 25 mil quetzales.
El martes pasado los auxiliares fiscales Carlos Rodríguez y Rony Herrera habían sido acusados de los mismos delitos, aunque quedaron libres bajo el pago de fianzas equivalentes a unos 15 mil quetzales cada una.
Los cuatro están acusados de haber colaborado con el ex fiscal ílvaro Matus (en libertad bajo fianza), a quien CICIG acusa de obstruir las pesquisas del asesinato de Rivera cuando era el responsable de la investigación.
Según la acusación, tanto Lemus como Rodríguez facilitaron la salida del país de María Melgar, asistente de Rivera, pese a que era la «única testigo del ataque» armado que le costó la vida a su jefe, mientras que a Girón se le acusa de haber emitido y firmado un dictamen en el que Melgar asegura que es amenazada, pese a que ella había dicho lo contrario.
RECESIí“N
En otro orden de noticias, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) comenzó a realizar una encuesta en el país para estudiar el impacto de la crisis económica en Estados Unidos debido a la caída en el envío de remesas familiares, que el año pasado sumaron 4.314,73 millones de dólares.
«El objetivo (de la encuesta) es identificar cuáles son los efectos de la recesión económica en Estados Unidos sobre los envíos de dinero a Guatemala», indicó la coordinadora de estadísticas de la OIM, Sonia Pellecer.
«Queremos comprobar si las personas que reciben remesas han cambiado de hábitos por la reducción del envío de dinero, y qué medidas han adoptado para enfrentarlo (como la venta de terrenos, carros y otros artículos personales)», agregó.
Explicó que la organización prevé efectuar 3 mil entrevistas a nivel nacional, el 60% en el área rural y el resto en los cascos urbanos, mientras los resultados se conocerán en octubre próximo.
El estudio también buscará determinar la cantidad de ahorro de los migrantes en entidades financieras nacionales, luego de la quiebra de varios bancos en Estados Unidos.
Según la OIN, cerca de 1,3 millones de guatemaltecos viven en el extranjero, de ellos, el 95% en Estados Unidos, aunque más del 60% está de forma ilegal.
Datos del Banco de Guatemala indican que en los cinco meses de este año los guatemaltecos en el extranjero han enviado 1.588.62 millones de dólares, una cifra muy inferior a 1.756.59 millones que se registraron en el mismo lapso del año pasado.
POR EDGAR CALDERí“N
AFP