Dos abogados vascos españoles fueron condenados hoy por el Tribunal Correccional de París a cuatro y tres años de prisión, respectivamente, y encarcelados de inmediato tras ser declarados culpables de vínculos con la organización separatista vasca armada ETA.
Unai Errea Berges, de 33 años, fue condenado a cuatro años de cárcel e Itziar Larraz, de 31, a tres años por la Décima Sala Correccional de París, que les acusó de haber transmitido en 2003 documentos de ETA a cuatro detenidos de esta organización encarcelados en Francia.
Los dos letrados, del colegio de abogados de San Sebastián (norte de España), fueron condenados además a no poder ejercer su profesión durante diez años y a no poder ingresar en territorio francés durante otros tantos.
El presidente del tribunal, Philippe Vandingenen, expidió una orden de encarcelamiento inmediato en la audiencia y los dos abogados fueron llevados a prisión, algo relativamente poco frecuente en la sala de audiencias, más aún tratándose de abogados.
El pasado 6 de diciembre la Fiscalía había pedido cuatro años de prisión en firme contra los dos acusados, por entrega ilícita de correspondencia a detenidos y complicidad de asociación de malhechores vinculados a una acción terrorista. Sin embargo, no había pedido su encarcelamiento inmediato.
Los cuatro clientes de estos abogados, miembros declarados de ETA, fueron condenados a cinco años de prisión firme. Miren de Orcolaga Echániz, de 51 años, José María Otegui Arrugaeta, de 33, Laurenxa Beyrie, de 31 y Ainhoa Múgica Goñi, de 36, fueron mantenidos en detención. La Fiscalía había pedido para ellos un mínimo de seis años de prisión.
Tras el juicio una de las abogadas de la defensa, Irene Terrel, denunció una «represión irrazonable» con sus dos colegas españoles.
«Son personas libres, que presentan todas las garantías de representación y a las que no se deja siquiera tiempo de ejercer todas las vías de recurso antes de meterles en prisión», protestó Terrel, quien anunció que apelará de inmediato la sentencia y presentará una petición de puesta en libertad.
La acusación se basaba principalmente en el hallazgo en 2003 de documentos en manos de los detenidos cuando regresaban del locutorio de la prisión. La Fiscalía estimó que se trataba de una «transmisión operacional» de documentos que «ayudó a que continuara la acción terrorista de ETA».
La sentencia llega el mismo día que la prensa vasca desvela que emisarios del gobierno español se reunieron oficialmente por primera vez con ETA el pasado jueves, en el marco del proceso de paz abierto tras el alto el fuego permanente de la organización armada. Madrid ha evitado confirmar o desmentir esta información.