«Una resolución que disponga la clausura de Teleamazonas, además de confirmar la voluntad del gobierno de sustituir el Estado de Derecho por un régimen autoritario, conculcará garantías fundamentales consagradas en la Constitución», señalaron.
La declaración fue suscrita por los ex mandatarios Sixto Durán (1992-1996), Osvaldo Hurtado (1980-1982) y Gustavo Noboa (2000-2003), que dijeron ser «testigos del severo deterioro que han sufrido las instituciones democráticas en el gobierno del presidente Correa».
Los ex gobernantes se pronunciaron a raíz de los procesos legales que enfrenta la estación televisiva, y que podrían determinar su cierre posiblemente a fines de mes.
Teleamazonas -que asegura ser víctima de una intensa persecución oficial- fue multada con 20 dólares por transmitir imágenes taurinas en horario no permitido, en lo que constituye una primera amonestación.
En caso de recibir una segunda sanción la ley establece su salida del aire por 90 días, y si se llegara a una tercera implicaría el cierre.
La televisora también está siendo investigada acusada de informar en base a supuestos e instigar a la protesta social con información falsa, según las autoridades reguladoras.
«Al lenguaje injurioso con el que se descalifica a la prensa (…) ha seguido un persecutorio proceso administrativo que el gobierno ha iniciado contra Teleamazonas», indicaron los ex jefes de Estado, retirados de la vida política.
Asimismo, consideraron que el canal está siendo tratado con desmesura y que el órgano responsable de su proceso «no ofrece las garantías de imparcialidad e independencia, pues son funcionarios nombrados directa o indirectamente por el presidente».
Además, «el proceso se sustenta en disposiciones de una ley expedida por una dictadura, que en razón de su carácter represivo a ningún presidente del actual período democrático se le ocurrió aplicar», subrayaron.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, desafió a un diario a revelar si el Estado se ha visto perjudicado por los contratos que ha suscrito con su hermano mayor para la construcción de obras por unos 80 millones de dólares.
«Que nos digan en cuánto se ha perjudicado al Estado (con esos contratos). Si no será como siempre basura, escándalo y show lo que están montando ciertos medios de comunicación», dijo el mandatario en declaraciones difundidas el lunes.
Correa, quien mantiene un duro enfrentamiento con un sector de la prensa ecuatoriana a la que acusa de corrupta e incompetente, sostuvo que «hay una persecución» y que como «al presidente no lo pueden enlodar están tratando de enlodar a mi familia».
El presidente salió al paso a una denuncia del diario Expreso en el sentido de que tres empresas de propiedad de su hermano Fabricio Correa y dos consorcios en los que aquel también participa como socio, lograron millonarios contratos en el sector público en el actual gobierno.
«Â¿Cómo obtuvo los contratos? ¿Pesó su condición de hermano del mandatario? ¿Es legítimo, legal o ético que el hermano de un presidente ejecute obra pública?», se preguntó el periódico.
La controversia surgió en momentos en que Teleamazonas, un canal crítico del gobierno, enfrenta procesos legales que podrían determinar su cierre por 90 días.