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Lo que no se han puesto a considerar y analizar es si la infraestructura preventiva, los planes de emergencia que existen en las instituciones escolares particulares son adecuadas.

 

¿Cuántos establecimientos particulares poseen una enfermerí­a dotada de médicos, personal paramédico, equipos de emergencia y medicamentos adecuados y suficientes para atender los cientos de casos que se producen en los educandos?

 

¿Cuántos de esos centros educativos tienen un sistema de información, de fichas de salud de cada uno de los educandos que pueda ser consultado en forma expedita e inmediata si un niño se ve envuelto en un accidente o presenta un caso de enfermedad en las horas de escolaridad?

 

¿Cuántos establecimientos invierten parte de los recursos que pagan los padres en un seguro médico que incluya la asistencia inmediata de traslado de los niños hacia los hospitales privados o públicos?

 

El Ministerio de Salud y ante todo el Ministerio de Educación deberí­an de establecer las normas obligatorias dependiendo del número de alumnos, de las distancias que existan entre los centros escolares y los hospitales a los que estén afiliados los mismos, para así­ lograr las normas mí­nimas que prevengan y salvaguarden la vida de los niños y niñas.

 

Guatemala y Centroamérica están localizados sobre diferentes placas tectónicas y por consiguiente, todos los colegios y centros de educación públicos deberí­an de tener planes y ejercicios que permitieran la rápida evacuación de las aulas en caso de un desastre natural.

 

Varios establecimientos están construidos con materiales inflamables y nada impide que un corto circuito o un accidente en un laboratorio puedan producir un incendio. Cuentan con el material adecuado para controlar las llamas o tienen planes al respecto.

 

Ante la nueva gripe, ante la eventualidad de movimientos telúricos como los que han acontecido en Honduras y la costa atlántica guatemalteca, ante la necesidad de prever, los ministerios de Educación y Salud deben reglamentar para que los institutos de educación privada y pública establezcan enfermerí­as dotadas de personal médico, paramédico, equipos de emergencia y botiquines adecuados que les permitan atender preventiva y curativamente en los primeros momentos de una necesidad a sus educandos.

 

Los ministerios de Salud y Educación, inclusive el IGSS, deberí­an de inspeccionar y certificar trimestralmente como mí­nimo, en todos estos centros educativos, los servicios sanitarios, el sistema de agua potable, las enfermerí­as, los planes y ejercicios de evacuación en caso de un siniestro.

 

Recordémonos que las medidas preventivas que favorezcan a los niños y niñas que integran nuestra sociedad no pueden ser postergados, no pueden ser descuidados y que la prevención es la mejor manera de evitar una tragedia, un siniestro que enlute a la sociedad guatemalteca.

 

El velar, el prever, el invertir, el reducir todos los riesgos en los centros donde se concentra el futuro de la sociedad guatemalteca es algo en lo que no podemos escatimar y de la misma forma que ante la gripe se ha decidido cerrar establecimientos y anticipar vacaciones, las autoridades de gobierno deberán de invertir todos los esfuerzos que requiera el actualizar las medidas preventivas que le den a los padres seguridad y tranquilidad con respecto a sus hijos.