Desde 1996 el gobierno de Guatemala entregó al Ejército Nacional varias fincas, entre estas, las ubicadas en Villa Nueva y Villalobos. El Ejército decidió que en el lugar se construyera un proyecto habitacional, para 700 especialistas en calidad de retiro, quienes a su vez, contrataron los servicios de la empresa Arenera El Carmen, para hacer la urbanización.

A decir del MEM y el MARN, la licencia se otorgó sin la existencia del estudio de impacto ambiental, como lo ordena la legislación vigente; y que la misma empresa extendió sus operaciones a otras áreas sin contar con las licencias correspondientes. El Estado demuestra, que a través de la explotación minera, busca un mero «crecimiento económico» sin pensar en el desarrollo social y sustentabilidad del ambiente, olvidando el mandato que la constitución le dicta, de ser el rector del bien común.

En el caso de la Arenera El Paraí­so INDACO, en Ciudad Peronia, esta sí­ cuenta con estudio de impacto ambiental, pero no se reporta la existencia de la escuela el Calvario, a no más de 50 metros del terreno destinado a la explotación minera. La desventura de estas acciones, las sufren comunidades asentadas en lugar desde hace varias décadas atrás.

Sin embargo, las versiones de los ministerios implicados y la realidad, demuestran una gran contradicción: hay desproporción en el área de explotación y extracción, la destrucción del ambiente es tan evidente que puede observarse a distancia desde varios puntos de la ciudad capital, destrucción irreversible. La extracción, coloca en estado de alto riesgo a los habitantes de los alrededores, pues se exponen a derrumbes, deslaves e inundaciones, y sobre todo a la contaminación del aire como resultado de la saturación del mismo con partí­culas provenientes del polvo.

Las secuelas en ví­as respiratorias y el sistema inmunológico de la población, aparecerán en el mediano y largo plazo, tal y como sucedió con las poblaciones que sufrieron la contaminación con DDT en la época de las algodoneras, en la costa sur. Las comunidades, que valientemente han defendido su derecho a un ambiente sano, han denunciado los daños causados a sus viviendas, así­ como los riesgos ante la posible ampliación de las operaciones mineras, y demandan el cierre definitivo de las operaciones de las empresas areneras, con la cancelación de las licencias correspondientes; el resarcimiento a las comunidades por daños irreversibles al ambiente natural y la salud; deducción de responsabilidades a funcionarios correspondientes de anteriores gobiernos, así­ como a las empresas.

Las comunidades han avanzado en la solución de la problemática, buscando asesorí­a en diferentes instancias. De esa cuenta, en conferencia de prensa la semana pasada, el Procurador de los Derechos Humanos sancionó moral y éticamente al MARN y el MEM, y los declara responsables de la violación del derecho humano a un ambiente sano. Además, dicta varias recomendaciones a diferentes entidades del Estado para proteger la naturaleza que sobrevivió al acecho de las areneras y resarcir a la población.

Seguramente el Profe del anuncio, está muy mal informado y como en cualquier escuela del mundo al revés, engaña a sus alumnos contándoles de los supuestos beneficios que trae la minerí­a. Sí­, como no.