Conmueve la enorme candidez de la jueza Leticia Valenzuela al afirmar que se excusa de seguir conociendo el caso Portillo porque «se ha dudado de mi honorabilidad e imparcialidad». Candidez porque en honor a la verdad, no existe ninguna duda sobre la honorabilidad de la funcionaria judicial y menos sobre su imparcialidad, toda vez que quedó demostrado de manera fehaciente que esos atributos son inexistentes en la resolución que dictó para proteger al ex presidente de manera tal que no pudiera ser acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Hay situaciones en las que, efectivamente, se pone en duda la honorabilidad o la imparcialidad de alguien, pero en otros casos no hay el menor asomo de duda, sino plena certeza de por qué se toman ciertas decisiones que están reñidas no sólo con la ley, sino con el sentido común. ¿De dónde pudo sacar la señora abogada la idea de que se estaba procesando a un simple ratero que dio un cajonazo y no un desfalco planificado y ejecutado por todo un poder paralelo constituido por grupos clandestinos enquistados en las más altas esferas del poder? La verdad es tan evidente que no puede dudarse de las razones que llevaron a dictar una resolución burda como la que, de un plumazo y sin más trámite, apartó a la CICIG de conocer el caso bajo el argumento de que no era uno de los delitos para los que se había constituido la Comisión.
Uno duda de un juez cuando existe la posibilidad de que pueda haber interpretado equivocadamente una normativa legal o que haya hecho una incorrecta valoración de las pruebas. En esos casos es posible la ausencia de mala fe, de parcialidad o deshonestidad. Pero en otros no puede haber duda porque no se trata de incorrecta sino maliciosa interpretación de las normas y, peor aún, mediante procedimientos evidentemente incorrectos como es el de no dar audiencia a la parte que estaba siendo afectada, en este caso la CICIG. Y es que si hubiera dado audiencia, la Comisión pudo aclararle las dudas producto de ignorancia a la juzgadora, pero al no hacerlo sino simplemente resolver de un plumazo, elimina esa posibilidad de que uno dude y produce la certeza que ahora hay respecto a su comportamiento.
Los medios de comunicación recogieron hechos y los presentaron al público. Algunos comentaristas criticamos el proceder de la juzgadora, pero fueron los hechos, la realidad plasmada en resoluciones y el contraste con los hechos, lo que evidencia ausencia total de honorabilidad y de imparcialidad al momento de fallar. Las publicaciones «vertidas en diferentes medios» son el reflejo tal cual de los hechos.