lahora@lahora.com.gt
En representación de las organizaciones indígenas la Convergencia Maya Wakib»Kej, el Organismo Indígena Naleb», así como el Frente Guatemalteco de Amenazados y Afectados por las Represas, expusieron temas puntuales y denuncias sobre la situación de las luchas de sus pueblos en la defensa de sus territorios, y de los recursos naturales, así como la apertura para la participación política de los pueblos indígenas.
Abramovich también se entrevistó con representantes de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y con miembros de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), quienes también informaron al relator sobre los avances y retos del Estado.
Según representantes de sociedad civil entrevistados, durante la charla con el relator para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron tres los temas denominadores que se expusieron desde la perspectiva indígena como los retos mayores: la pobreza, lucha contra el racismo y discriminación, así como la reforma del Estado.
DENUNCIAS
Carlos Poyón, representante de la organización de jóvenes Mojomayas, integrante de Wakib»Kej» comentó que los casos puntuales que dieron a conocer al relator se refieren al problema generado por la construcción de la hidroeléctrica Palo Viejo, en el municipio de San Juan Cotzal, territorio maya-ixil.
Según Poyón, dentro del proyecto que se está construyendo, no hubo mecanismo de información ni consulta hacia las comunidades sobre el tema. Además, los planteamientos de los Comités comunitarios y municipales de desarrollo han rechazado el proyecto, empero, los alcaldes municipales no han obedecido los acuerdos a los que se han llegado de realizar una consulta para conocer la opinión de la población de rechazar o aceptar el proyecto que tiene una inversión de 200 millones de dólares.
También se explicaron los efectos que la minería ha causado en las comunidades de San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango, donde dicha actividad ha destruido parcialmente sus cultivos, la parte trabajable de los terrenos está agrietada como consecuencia de la construcción de túneles que la empresa ha construido; por lo consiguiente la producción se ha reducido notablemente, acrecentándose los altos niveles de pobreza.
PARTICIPACIí“N
DE ACUERDO CON IRMA CITABAN, ANALISTA DEL ORGANISMO INDíGENA NALEB», DESDE LA INSTITUCIí“N SE PRESENTí“ UNA VALORACIí“N SOBRE APERTURA POLíTICA E INTELECTUAL EN LA TEMíTICA INDíGENA, SOBRE DERECHOS CULTURALES.
SEí‘ALARON QUE LAS MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS CULTURALES HAN SIDO DESDE EL GOBIERNO SIMBí“LICAS Y COSMí‰TICAS, EN TANTO AL USO DE SIGNOS DEL CALENDARIO MAYA. SEGíšN LA ANALISTA, «HAY ALGUNOS AVANCES, PERO HAN SIDO LIMITADOS Y FRíGILES».
ENTRE ELLOS SE REFIRIí“ A LA INSTALACIí“N DE OFICINAS QUE ABORDAN TEMíTICA DE MULTICULTURALIDAD DENTRO DE LAS INSTITUCIONES COMO LA DIRECCIí“N DE EDUCACIí“N FíSICA, AMBIENTE Y EN LA POLICíA.
TAMBIí‰N CALIFICí“ DE POSITIVA LA PUESTA EN MARCHA DE LA LEY DE COMISIONES DE POSTULACIí“N, SIN EMBARGO, ADUJO EXCLUSIí“N DE LA TEMíTICA INDíGENA DENTRO DE LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS Y JUECES DE SALA.
NALEB» CONSIDERí“ QUE EL GRAN RETO ES RETOMAR LOS ACUERDOS DE PAZ COMO POLíTICA PRIORITARIA, E IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA INSTITUCIONALIDAD DE LA IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDíGENAS DENTRO DEL ESTADO Y LA PUESTA EN PRíCTICA DE LA LEY DE IDIOMAS MAYAS.
Marco Antonio Curruchiche, comisionado de Codisra, explicó a Abramovich, que una de la principales limitantes para el avance en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas es la poca asignación presupuestaria y la reciente reducción de Q2 millones para este período.
Según el comisionado, el rubro afectado fue el de talleres de socialización, formación ciudadana y capacitación con operadores de justicia y otras acciones.
A criterio de Curruchiche, en los tres organismos del Estado ha sido difícil impactar e incidir para la transformación de la discriminación y el racismo desde las instituciones.
Por su parte, Evelyn Curruchiche, de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), dijo que «hay pasos hacia adelante», porque las mujeres pueden denunciar abusos, empero, criticó la forma en que ejercen ese derecho.
«El trato sigue siendo monolingí¼e hacia las mujeres indígenas, no hay intérpretes como es su derecho», dijo.
Por otro lado, reiteró que pese a que se abren juzgados y oficinas del Ministerio Público en las cabeceras municipales, la pobreza no les permite movilizarse de una aldea al municipio donde se concentran los lugares que se puede acceder a la justicia.
Finalmente, apuntó que sin importar que algunas mujeres superan la brecha económica y monolingí¼e, al presentar su denuncia reciben un trato distinto, de menosprecio, invisibilización, como producto del racismo que hay en el país.