A veces me entra el desánimo de seguir escribiendo sobre la corrupción, la administración de justicia y la pobreza en que vive la mayoría de los guatemaltecos, porque nadie de los responsables de velar por la transparencia adopta alguna decisión que investigue y esclarezca si es legal -como parece ser- que miembros de los más altos órganos jurisdiccionales puedan disponer a su antojo de cientos de miles de quetzales para viajar a donde les plazca, disponer de viáticos no acordes a la realidad nacional, pagar elevados honorarios médicos y adquirir medicamentos con recursos del Estado, e incluso contar con rellenos de platino y oro en su desgastada dentadura, por valor de alrededor de Q90 mil, sin tocar un solo centavo de sus elevados sueldos.
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  Con más aburrimiento que interés, mencionaré de nuevo dos casos que podrían calificarse de lícita dilapidación del dinero proveniente de los bolsillos de los contribuyentes, como el de la magistrada Gladys Chacón Corado, quien durante el año que fungió de presidente de la Corte de Constitucionalidad gastó Q678,261 en medicamentos y honorarios a médicos y dentistas, y el del magistrado Rubén Eliú Higueros, presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, quien dispuso de Q921 mil para financiar viajes al extranjero, durante los recientes cuatro años.
  Decía, en artículo anterior, que un jornalero que devenga el salario mínimo, equivalente a Q1,560 mensuales, tendría que trabajar 36 años para poder ganar lo que gastó la magistrada Chacón durante un año, en tanto que un obrero tendría que laborar casi medio siglo, para recibir lo que ha gastado en periplos el magistrado Higueros, advirtiendo, por supuesto, las enormes diferencias en grados académicos, conocimientos jurídicos, dignidad y decencia entre los juristas y los asalariados.
  Estos dos casos, claramente inescrupulosos aunque no tipificados de delitos, fueron ampliamente revelados por la Prensa, pero a no ser un repentino y fugaz rubor de ambos magistrados, nadie se ofuscó. Como se afirma que la ex presidente de la CC es católica, ha de haber confesado sus pecadillos a su sacerdote; mientras que el Presidente en funciones de la CSJ, que dicen que es evangélico, ha de haber entregado sus diezmos a su congregación, aunque me imagino que los dos, si de verdad son creyentes en la justicia divina, ya que la terrenal no los puede alcanzar, reflexionarán sobre lo que sembraron y cosecharán.
  Sin embargo, los casos de corrupción y abuso de poder no son exclusivos de funcionarios de Guatemala, sino que es un mal que se extiende a casi todos los países de América Latina, como lo declaró al periodista Gustavo Capdevila, de la agencia IPS, el abogado Leandro Despouy, Relator Especial de la ONU sobre independencia de jueces y magistrados
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  Este experto indica que cuando los desajustes en el funcionamiento de la justicia entrañan necesariamente impunidad (como en el caso de Guatemala),  deviene un resquebrajamiento y la pérdida de credibilidad en la misma justicia, y cuando esto sucede, en vez de constituir poderes judiciales independientes, las sociedades tienden a inclinarse hacia el clientelismo.
  Es que la deteriorada administración de justicia y la miseria de los pueblos constituyen unas de las mayores debilidades de las democracias de América Latina, especialmente por las consecuencias en la vida institucional, de manera que los desajustes en el funcionamiento de la justicia entrañan impunidad en doble sentido, y de ahí la imperiosa necesidad de que los guatemaltecos conscientes del deterioro de la administración de justicia, tenemos la obligación de velar por la transparencia en el proceso de postulación y elección de magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones.
  (El juez de paz Romualdo Tishudo responde a una pregunta de su amigo Adolfo: -El divorcio es cuando tu mujer decide vivir con tu sueldo, pero sin vos a su lado).