En su columna publicada ayer en La Hora, el licenciado Juan Francisco Reyes López sentencia que «el no respetar a los jueces y magistrados solo conlleva el deterioro de la justicia», luego de argumentar en contra de las críticas que se puedan formular a las resoluciones de algunos funcionarios judiciales. El artículo del ex Vicepresidente de la República se orienta a defender las actuaciones de los titulares de los juzgados y de las salas de apelaciones y sostiene que «criticar públicamente a los miembros del Organismo Judicial por un fallo, por una resolución, es desvirtuar la justicia», en lo que obviamente es una defensa de la juzgadora que apartó a la CICIG del proceso que se sigue contra Alfonso Portillo, compañero de fórmula del licenciado Reyes.
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Sin embargo, resulta que el mismo Código Penal establece y tipifica el delito de prevaricato, cometido por el juez que a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Y ni modo que al acusar a un juez de prevaricato se tendría que hacer una especie de acusación silenciosa, en secreto, para no criticar ni cuestionar el comportamiento del juzgador de acuerdo con lo que dice el abogado Juan Francisco Reyes López.
Yo he criticado el comportamiento de juzgadores que demuestran su compromiso con los grupos de poder paralelo que existen en el país y en el caso concreto de la licenciada Valenzuela cuestioné su absurda resolución en la que apartó a la CICIG argumentando que se trataba de un puro delito económico que nada tenía que ver con el mandato de la Comisión Internacional porque no había participación de crimen organizado ni grupos clandestinos. La estructura que se utilizó para desviar los fondos del Ejército, protegidos por el concepto de secreto militar, no fue una estructura de niñitos de primera comunión y buena parte de ese dinero sirvió para financiar actividades de esos poderes paralelos. Al menos eso es lo que tendrá que probar la CICIG en un proceso apegado a derecho y es lo que le impediría hacer la resolución de la jueza que, de buenas a primeras, decide apartarlos del caso.
Entiendo perfectamente el artículo del licenciado Reyes, pero es obvio que los guatemaltecos seríamos una partida de indiferentes si no hacemos algo por revertir la corrupción imperante en el sistema de justicia del país. Y eso no se puede cambiar si no es mediante la denuncia, mediante la crítica y me atrevo a decir que mediante la presión que ponga en la picota a los sinvergí¼enzas que no se pueden amparar en una toga para evitar que sus tropelías sean siquiera señaladas públicamente.
¿Cómo se nos pide que no critiquemos a una Corte Suprema de Justicia que ha sido incapaz hasta de elegir su Presidente de conformidad con el mandato constitucional? Hasta los relatores que han venido de afuera han señalado la crisis profunda del sistema judicial guatemalteco; pretender en esas condiciones que, por respeto a su investidura, nos hagamos babosos de las barrabasadas que se cometen, es no sólo insensato sino irresponsable.
No creo que el licenciado Reyes esté satisfecho con un sistema judicial como el que tenemos. í‰l mismo se ha sentido víctima de resoluciones judiciales que considera amañadas, sea por presión pública o por presiones políticas. Pero si él prefiere evitar la crítica, su postura no puede ser compartida por quienes queremos que algún día prevalezca la verdadera justicia en Guatemala y no esa patraña que administran jueces corruptos.