El columnista Francisco Cáceres Barrios, del Diario La Hora, en relación al daño que se le hace al IGSS al exonerar de un castigo ejemplar a uno de los protagonistas del fraude consumado de más de 350 millones de quetzales derivado de la constitución de un fideicomiso y de varias empresas «de cartón», según dice, y que se ha llegado al colmo de no determinar quiénes constituyen el resto de los otros responsables. Bueno, resignémonos. Qué más da otra estafa dentro de la impunidad galopante que por su práctica continuada se ha convertido como parte de la Legislación de Guatemala. A esta reconvención periodí­stica habrí­a que agregar otros daños que se le ha hecho al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al habérsele cercenado su real autonomí­a constitucional, en lo referente a su manejo administrativo y financiero y además la mora en recibir el pago de cuotas patronales y de los descuentos a los trabajadores, de sumas cuantiosas por parte del Estado, municipalidades y de los patrones obligados. Al IGSS se le obliga a darles cobertura a todos lo jubilados del Estado, sin que la institución haya recibido las cuotas, obligados a que por ley tengan derecho como lo he mencionado. Por ley el IGSS constituye un régimen nacional, unitario y obligatorio dentro del territorio nacional. Yo en lo personal recibo una atención médica y una atención hospitalaria eficiente, de lo cual me siento satisfecho, y una cuota modesta de efectivo mensualmente. Muchas voces han asegurado que el sistema actual está próximo a entrar en declive, y por ello, estimo que debe recibir apoyo generalizado de todos los sectores, por ley, involucrados. Claro hay muchí­simos interesados que externan opiniones de las más diversas y proponen reformas tendientes a privatizar las normas que, aunque haya opiniones encontradas, hoy se cumplen a cabalidad y de las formas más eficientes posibles dadas las circunstancias imperantes. Por último habrí­a que traer a cuenta los subterfugios legales de hoy que a los trabajadores no se les contrata en base al Código de Trabajo vigente, sino se les obliga a facturar por honorarios por servicios prestados, como si fuesen empresas o profesionales universitarios de ejercicio liberal independientes. Mis disculpas, se me alargaron mis comentarios, aunque se dejó aún la pluma mojada de tinta. Cordialmente,