La justicia es universalmente aceptada como el respeto y la subordinación de los individuos a un conjunto de normas, de reglas que permiten vivir dentro de la sociedad, dentro de un pueblo, dentro de una nación.
jfrlguate@yahoo.com
La justicia debe ser administrada dentro del conjunto de leyes y normas previamente establecidas, respetadas y cumplidas por todos.
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Dentro de un país, en un Estado, en una sociedad, la justicia es administrada por los tribunales preestablecidos que conforman el Organismo Judicial. Son ellos los que tienen la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. El interferir, el prejuzgar, el auto-otorgarse esas potestades de forma privada o pública es atentar contra el Estado de Derecho.
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El Organismo Judicial debe de contar con la garantía de independencia funcional, de independencia económica. Los magistrados y jueces deben de tener estabilidad, es este organismo el único que debe seleccionar su personal auxiliar y administrativo.
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El criticar, el cuestionar públicamente a los miembros del Organismo Judicial por un fallo, por una resolución, es desvirtuar la justicia.
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La justicia es imparcial. Cuando se ejerce coacción o acción para que el Organismo Judicial, los magistrados y jueces no puedan evaluar y aplicar la ley de forma libre, sin coacción, se está violando la justicia.
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En los países desarrollados es una grave acción el prejuzgar. El intervenir, criticar a los miembros del Organismo Judicial debe estar penado por la ley.
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Si el Organismo Judicial no obtiene los recursos económicos suficientes se pone en peligro la justicia, si no tiene la independencia se está fracturando el Estado de Derecho.
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Los medios de comunicación pueden informar sobre los hechos pero no interferir en la determinación de los juzgadores, ni mucho menos criticar sus decisiones, el hacerlo afecta e inclina -en uno u otro sentido- el fiel de la balanza que es y debe ser la justicia de una sociedad, de un Estado, de una nación.
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En Guatemala debe de establecerse la carrera judicial que les permita estabilidad a los jueces, magistrados y oficiales que integran los tribunales de justicia.
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Deben establecerse las normas, las sanciones para todos aquellos que individual o colectivamente intervengan o vulneren la aplicación de la justicia.
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Evidencia del deterioro que nos acerca a ser un Estado fallido, es cómo la cúpula económica, sus tentáculos institucionales y sus profesionales han actuado e interferido permanentemente en la justicia, de forma pública y privada.
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Otra muestra de la debilidad del Estado de Derecho, en lo que a la justicia se refiere, es el comprobar que de manera pública y evidente se organizan y financian grupos que seleccionan a personas aspirantes a ser parte de las cortes Suprema de Justicia, de Constitucionalidad e inclusive de la dirigencia gremial.
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La Constitución de la República es concreta al referirse a la independencia del Organismo Judicial y a la potestad de juzgar, al indicar: «la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado». El no respetar a los jueces y magistrados solo conlleva el deterioro de la justicia.