Me preocupa seriamente que como consecuencia de los cambios operados en el alto mando de la Policía Nacional Civil pueda surgir una gran tentación de repetir viejas prácticas que en todos los gobiernos se han implementado como mecanismo para enfrentar el problema de la criminalidad, es decir, el uso de la mal llamada limpieza social para atacar a delincuentes que no entran en el muy limitado ámbito de acción del sistema de justicia.
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En efecto, así como los ciudadanos cansados de la criminalidad que se alimenta de la impunidad existente en Guatemala deciden aplicar su propia justicia por propia mano, también ha sido corriente que las autoridades nacionales emprendan acciones que tienen la misma finalidad, es decir, aplicar una forma muy peculiar de entender la justicia mediante la eliminación de aquellos individuos que son o parecen antisociales y a los que se responsabiliza de muchos de los crímenes que ocurren en el país.
Aclaro que no tengo ninguna información privilegiada que me permita suponer que los cambios tienen tal finalidad, pero no me cabe la menor duda del agobio que sienten las autoridades porque no logran dar pie con bola en la lucha contra el crimen, si es que lucha se le puede llamar a lo que están haciendo y que reporta tan pírricos resultados. Y la historia nos demuestra que en períodos de agobio por la incapacidad para encausar judicialmente a los delincuentes, surgen acciones que pueden ser dispuestas como política de Estado o que son producto de iniciativas de algunos funcionarios o jefes de las fuerzas de seguridad, que apuntan a realizar barridas contra los delincuentes identificados en distintos lugares marcados como rojos, con la idea de que eso reducirá en corto plazo los índices de violencia, no sólo porque se sale de los delincuentes más notorios, sino porque se cree que ello desestimula a otros.
Si la limpieza social fuera una solución, Guatemala sería el paraíso de la paz y la tranquilidad porque aquí se han volado a medio mundo con esas prácticas a lo largo de muchos gobiernos. Y necesario es decir que muchas veces con el beneplácito de muchos sectores de la sociedad que aplauden esa forma de «administrar justicia a los malos». Sin embargo, tras las batidas realizadas de esa forma ilegal mediante ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas, no hemos visto notable reducción de los índices de violencia.
Es más, la misma aumenta porque quienes planifican y ordenan la limpieza social recurren a sicarios que, revestidos de autoridad, se convierten luego en verdugos de toda la población pacífica y honrada. Se les enseña a matar, a ejecutar personas a sangre fría, y si algún día se revierte la orden y se les instruye para que procedan de conformidad con la ley, ya no pueden hacerlo porque se convirtieron en criminales iguales o peores a los que fueron matando impune y fríamente.
Algo me hace sospechar que existe una idea de orientar la labor de seguridad ciudadana a la limpieza social y realmente preocupa porque cualquier solución salida del guacal nos terminará pasando una factura muy costosa. Ya suficiente daño se le ha hecho al país con el deterioro de la legalidad y de las instituciones nacionales, como para que volvamos a caer en la práctica de organizar escuadrones de la muerte que hoy matan delincuentes, pero mañana barrerán con todo.