Una cosa es querer y otra es poder. Hace 50 años, Guatemala tenía doce aviones de combate P-51 Mustang con los cuales llegamos a tener un excelente grupo de pilotos de combate y una escuadrilla de acrobacia llamada Quetzal.
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Durante el gobierno del general Ydígoras en 1960, Estados Unidos para disimular dio al país algunos B26, iguales a los que se usaron en Bahía de Cochinos. Años después arribaron los primeros jets modelo T33. Todos ellos fueron adquiridos por un precio nominal al gobierno norteamericano.
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Durante la época del conflicto armado interno, se compraron aviones Pilatus, los cuales sí tuvieron que ser adquiridos a precio real. Desde hace más de 40 años, Guatemala no ha tenido la capacidad de comprar ningún avión de combate o de transporte y los pocos aviones que el gobierno usa; por ejemplo, los que se encuentran al servicio de la Presidencia de la República, son de tipo civil, que han sido confiscados al narcotráfico y readecuados para utilizarse en los vuelos que se hacen internamente, en el área centroamericana o a México.
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Por supuesto que como guatemalteco me encantaría que tuviéramos suficientes aviones de combate para tener un efectivo control del territorio y de los cielos guatemaltecos, así como aviones de transporte para servicio social. Esto permitiría que la Fuerza Aérea utilizara su recurso humano, lamentablemente los pésimos ingresos fiscales que existen en el país no nos permiten tener aviones de combate, de transporte, ni mucho menos que el Gobierno tenga la décima parte de los helicópteros que existen en propiedad privada en Guatemala.
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Cuando se plantea realizar un gasto, una inversión de esa naturaleza como sería el adquirir seis aviones Súper Tucán, fabricados en Brasil, e invertir US$99 millones; es decir, más de Q820 millones debemos de preguntarnos si el erario nacional está en capacidad de disponer de esos recursos cuando existen enormes necesidades y mayores prioridades como son la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad y los gastos sociales en combate a la desnutrición de niños y mujeres embarazadas.
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La respuesta es obvia. No es el momento en que podamos desviar recursos o adquirir obligaciones de pago, cuyo objetivo sería principalmente combatir el consumo y tráfico de drogas, aspecto que le interesa que nosotros realicemos más que a nadie al gobierno de Estados Unidos, quien debería de financiar la compra de aeronaves, del sistema de radar, de equipos marítimos y terrestres que nos permitieran el efectivo control de los cielos, de la tierra y del área marítima nacional.
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Por el contrario, a los Estados Unidos les sería hasta conveniente donar a Guatemala aviones, radares, equipo marítimo y terrestre fabricado en su país, lo cual en algún grado estimularía la producción de sus industrias que se encuentran en crisis por falta de ventas y de consumo.
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En todo caso, el comprar aviones es un nuevo motivo de crítica para la Presidencia de la República, no podemos invertir en esos menesteres en este momento cuando la crisis económica mundial y nacional requiere que las prioridades sean otras.
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Un gasto de esa naturaleza, cuando cada día más la recaudación de impuestos va en picada, es buscarse problemas como gobierno y como país. Por consiguiente, el Ejecutivo deberá de renunciar a esa decisión, decirle a Brasil que se los venda a Estados Unidos y éste los done a Guatemala, logrando así combatir el narcotráfico que con su consumo fomentan los norteamericanos. En otras palabras, el que quiere celeste que le cueste.