Pese a la aprobación y entrada en vigor, desde hace cerca de un mes y medio, de la Ley de Libre Acceso a la Información, entidades oficiales y privadas que manejan fondos públicos todavía no cumplen con los estándares de transparencia que exige la ciudadanía.
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Por falta de tecnología, asesoría legal e incluso por la ausencia de voluntad, entidades obligadas a rendir cuentas a la población sobre el manejo de fondos públicos dan razón de serios rezagos sobre la aplicación de la Ley de Acceso a la Información.
Entre las entidades con más rezagos en el cumplimiento de la normativa se encuentran las organizaciones no gubernamentales y municipalidades, mientras que el Ejecutivo es el organismo con más adelantos en ese aspecto.
Por una parte, los alcaldes que incumplen con la normativa dicen que no cuentan con la capacidad técnica, asesoría jurídica y los recursos tecnológicos para poner en marcha la ley, mientras que en las ONGs existe diversidad de respuestas, aunque no se descarta la falta de voluntad, según analistas políticos.
SIN ESFUERZO
Manfredo Marroquín, de la agrupación Acción Ciudadana, reconoce que algunas comunas no tienen la capacidad para cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información; sin embargo, no pueden desconocer la ley.
«Tuvieron suficiente tiempo, desde la aprobación de la ley hasta la entrada en vigencia, para conseguir la asesoría legal y técnica que requiere el sistema de acceso a la información, pero muchos no hicieron un esfuerzo en ese sentido», sostiene
«Ahora el acceso a la información pública es un derecho de todos los guatemaltecos y quienes lo violen, tendrán que responder ante la justicia», puntualiza Marroquín.
PRESIí“N SOCIAL
EL vicepresidente Rafael Espada sostiene que la población debe ejercer presión sobre las instituciones sujetas a las obligaciones de transparencia, para que cumplan con la ley, sin embargo «son pocos los grupos interesados en esta materia».
Eso lo sostiene Espada con base en los informes de la Oficina de Transparencia de la Vicepresidencia, en los que se observa una baja demanda de información hacia las entidades obligadas a rendir cuentas.
La presión social es, según el vicegobernante, uno de los factores que «debe entrar en juego» para que las instituciones entren en la «era de la transparencia», por lo que además se debe motivar a la ciudadanía para que se sume a la fiscalización del gasto público.
La Ley de Libre Acceso a la Información establece que además de las entidades oficiales, también las de carácter privado deben rendir cuentas cuando manejan fondos públicos.
Artículo 10: Información pública de oficio, numeral 25: en el caso de las entidades no gubernamentales o de carácter privado que manejen o administren fondos públicos, deben publicar la información relacionada con las compras y contrataciones que efectúen con fondos del Estado.
Artículo 14: Recursos públicos, las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y otras entidades de carácter privado que administren o ejecuten fondos públicos, o que realicen colectas públicas, además de la información pública de oficio, deben publicar: datos generales de la organización, constancia de autorización, integrantes de la junta directiva, estatutos, objetivos y misión y visión.