Cuando la jueza Leticia Valenzuela se sacudió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala del caso Portillo, resolviendo de plano que esa entidad no tenía capacidad para ser querellante adhesivo porque ese proceso no era contra grupos clandestinos y aparatos ilegales de seguridad, acogió exactamente el argumento públicamente expuesto por los acusados y pasó por alto una serie de consideraciones que hacen, cabal y precisamente, necesaria la participación de esa Comisión en ese caso específico y particular.
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El mandato de la comisión, aprobado por el Congreso de la República y por lo tanto absolutamente legal y de observancia general, establece que «una de las funciones de la CICIG será DETERMINAR LA EXISTENCIA DE CUERPOS ILEGALES DE SEGURIDAD Y APARATOS CLANDESTINOS DE SEGURIDAD, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala, además de contar con la plena capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.»
Y precisamente ese es el meollo de todo el proceso, porque el saqueo de las arcas nacionales no lo hizo un individuo en su propio beneficio sino que literalmente fue una operación de gran envergadura en la que se salpicó a mucha gente y entre ellos a agentes del Estado que tenían la responsabilidad de proteger nada más y nada menos que al Presidente de la República.
Precisamente la objeción a que la Comisión contra la Impunidad funcione como querellante adhesivo es porque su trabajo es el que puede determinar cómo es que han funcionado esos cuerpos paralelos que no sólo se aprovechan de los recursos públicos mediante la corrupción, sino que mantienen el control prácticamente absoluto de las estructuras de justicia. La mejor prueba nos la dio precisamente la jueza Leticia Valenzuela porque su proceder evidenció cómo es que aquí la chamarra que tapa a todos los que están en ese turbio juego funciona para irlos tapando cuando hace falta.
La apelación de la CICIG y la denuncia formulada en contra de la titular del Juzgado que conoce el caso Portillo es una verdadera prueba de fuego para el sistema, comparable a la que se viene librando en el sonado caso del fiscal Matus, porque en ambos casos el poder oculto se vio obligado a quitarse la careta, a actuar descaradamente, con tal de lograr que la impunidad persista, a pesar de la contundencia de las evidencias y de la abrumadora realidad que salió a luz.
Es ahora que hace falta ver el comportamiento de la sociedad, puesto que en esta lucha contra la impunidad no es únicamente un caso el que debe importarnos, sino todos aquellos que son eslabones para romper el estado de Derecho y permitir a los delincuentes librarse de la responsabilidad penal. Es ahora cuando tenemos que ver qué clase de sociedad somos y medir nuestra disposición a participar activamente en respaldo a la única acción que se vislumbra como luz al final del túnel en esa tremenda y desigual lucha que significa enfrentar a los poderes ocultos que operan como aparatos clandestinos y que son o fueron cuerpos de seguridad que operaron de manera ilegal.
Este caso es paradigmático porque toca el meollo del mandato de la CICIG. La respuesta de los juzgadores a la denuncia y la apelación nos dirán todo respecto a lo que se puede esperar en el futuro de la administración de justicia.