España consagrará la impunidad si limita la aplicación de la justicia universal, dijeron este martes asociaciones de defensa de derechos humanos, criticando que esa posibilidad haya surgido tras presentarse querellas contra países como Estados Unidos, Israel o China.
Si España limita este principio, se dará la sensación de que la justicia universal es «cada vez más un justicia a doble rasero, eficaz contra los déspotas del tercer mundo, pero impotente contra los poderosos, lo que le resta credibilidad», dijo el consejero jurídico de Human Right Watch (HRW), Reed Brody, en una rueda de prensa.
«Se dará la sensación de que se puede con El Salvador, Ruanda o Chile, pero no con Estados Unidos, Israel o China», según Brody, quien junto a sus compañeros recordó que no se puede limitar la justicia universal por presiones diplomáticas o económicas.
«Jamás la política exterior se puede desarrollar a costa de los derechos humanos», dijo Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), en el acto en el que también se presentó un manifiesto, firmado por un centenar de asociaciones de todo el mundo, bajo el lema «Defendamos la justicia universal en España».
El pasado 19 de mayo, el Congreso de los Diputados español votó una resolución en la que se apoya limitar en el futuro la aplicación de la justicia universal a casos en que haya víctimas españolas o los acusados se encuentren en territorio español.
La resolución, fruto de un pacto entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el conservador Partido Popular (PP, principal de la oposición), llegó apenas unos días después que jueces de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, iniciaron procesos contra Israel y Estados Unidos, que supusieron roces diplomáticos.
Gonzalo Boyé, abogado de las causas abiertas por crímenes cometidos en la franja de Gaza y las presuntas torturas en Guantánamo, recordó que tanto Israel como Estados Unidos «tienen la jurisdicción universal más amplia que se pueda tener en las legislaciones comparadas».
«Y no renuncian ni un centímetro a esa potestad jurisdiccional», dijo Boyé, que recordó el caso del jerarca nazi Adolf Eichmann, secuestrado por Israel en Argentina y juzgado en Jerusalén en 1961 o la condena emitida por un tribunal de Florida contra Charles Taylor, conocido como «Chuckie», hijo del ex presidente de Liberia del mismo nombre por crímenes cometidos en su país.
«El objetivo final de la reforma (de la ley española) es una búsqueda desesperada de la impunidad», añadió Boyé, mientras que para la responsable de Investigación de Amnistía Internacional (AI), Giulia Tamayo, la modificación del artículo supondría «sustraer a la justicia española lo que más les había prestigiado».
Pero la «consecuencia más grave si se llega a concretar es que se dirá a las víctimas que están solas con estados que lo que hacen es consolidar la impunidad», añadió.
Las asociaciones recordaron que este principio es el único recurso de las víctimas en muchos países mientras no haya una Corte Penal Internacional (CPI) «efectiva», y rechazaron que se argumente el atasco en los tribunales españoles para la reforma, porque los casos de justicia universal suponen sólo un «0,035% de la carga de trabajo» de los jueces.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas una docena de causas en aplicación de la jurisdicción universal que no se verían afectadas por una eventual limitación de este principio, según Ollé, ya que «no tendría carácter retroactivo».