La impunidad se ha elevado en forma inmensurable en varios sectores del país. Ante ello, la CICIG tiene en sus posibilidades solucionar muchos casos pendientes o seguir mostrando los escasos resultados como los que tiene acostumbrados el MP a los guatemaltecos.
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La coyuntura pone en relieve el trabajo iniciado hace alrededor de dos años por la comisión liderada por el jurista español Carlos Castresana, cuyo desempeño ha tenido, incluso, el beneficio de la duda de sus detractores.
La CICIG es una versión modificada de lo que originalmente se planteó durante el 2003, llamada en su momento como la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS).
Sin embargo, la CICIACS también enfrentó fuertes críticas de parte de algunas entidades y el 6 de agosto de 2004 la Corte de Constitucionalidad (CC), falló desfavorablemente contra dicha propuesta.
Posterior a ello se replanteó una nueva propuesta para la CICIACS el 18 de enero de 2006 hasta que finalmente el 12 de diciembre del mismo año se presentó un nuevo proyecto ahora renombrado como CICIG, el cual fue sometido ante la CC que dictaminó su constitucionalidad el 16 de mayo del 2007 y el Congreso de la República aprobó la instalación el 1 de agosto.
Luego de cuatro años de luchas políticas y sectoriales, finalmente la CICIG fue aprobada por los congresistas con una votación, inesperada, por mayoría y de urgencia nacional. Mucha expectativa se creó alrededor de dicha Comisión -cuya vida sería de dos años en su inicio- en cuanto a su capacidad de incidir en la solución de uno de los problemas que fueron causa de su nombramiento que sobre todo es combatir la impunidad.
RETOS
Ahora el reto de la CICIG ya está en marcha a pesar de las interposiciones puestas por algunas dependencias, apelaciones y negativas. Castresana, director de este ente investigador se comprometió a entregar en 2011 un MP y un Organismo Judicial (OJ) en condiciones de efectuar sus tareas por sí solos.
Para lograr ese objetivo, Castresana solicitó al Ejecutivo la instalación de cárceles de máxima seguridad; a la Corte Suprema de Justicia establecer juzgados de alto impacto; y al Congreso, la aprobación de un paquete de leyes. Entre ellas la que el español vio con buenos ojos fue la Ley de Comisiones de Postulación.
Las disposiciones finales quedan en manos de la CICIG y el cumplimiento de sus deberes. Según varios analistas, esta entidad esta fortaleciendo el frágil movimiento del MP y endurece la aplicación de sus gestiones, quizá por ello muchos temen que esta comisión investigue sus casos.