ACLARACIí“N DE COHESIí“N SOCIAL
Estimado Director
Estimado í“scar Clemente:
Aunque comprendo perfectamente que la mecánica de trabajo de La Hora generalmente no favorece la posibilidad de llevar la versión de la entidad o persona aludida en una noticia, al ver el titular principal de la edición de hoy, miércoles 27 de mayo de 2009, y que reza: «Cohesión no existe en el presupuesto», no he podido evitar la necesidad de enviarle la presente, a modo de nota explicativa, no necesariamente con la intención de solicitarle que sea publicada.
Una lectura más detenida de dicho titular nos lleva a una verdad de Perogrullo: en efecto, Cohesión no existe en el Presupuesto del Estado. Y es que, como se ha indicado en diversas oportunidades, Cohesión Social es un concepto estratégico de Gobierno que busca coordinar los esfuerzos de las instituciones que integran el Consejo, orientado su acción hacia los municipios priorizados en función de su extrema pobreza.
Tengo la impresión que esa fue la intención del Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, cuando afirma que «es un mito» y que «Si nosotros miramos el presupuesto a ver dónde está ubicado, Cohesión Social no aparece por ningún lado». Y eso es cierto, porque no habría manera de fiscalizar un concepto.
Todo lo anterior viene al caso por las declaraciones de la diputada Nineth Montenegro y que fueron resumidas en el titular de la página 3: «Siguen sin poder fiscalizar los programas de Cohesión Social». Francamente, no puede fiscalizarlo quien no quiere. O quien no sabe.
Y es que, tal como lo hemos informado en su oportunidad, si es por el lado presupuestario, existen los correspondientes códigos de los programas presidenciales que coordina el Consejo de Cohesión Social en el sistema SICOIN:
* Mi Familia Progresa – 61
* Comedores Solidarios – 2300000007
* Escuelas Abiertas – 2500000004
* Bolsa Solidaria – 2300000006
Ahí está toda la información relacionada con dicha ejecución.
En cuanto al informe de la diputada Montenegro, francamente debemos señalar que ella es muy asertiva en varios temas pero en este de la fiscalización de los Programas de Cohesión es lamentablemente errática. Veamos las inexactitudes de su informe:
Gastos en publicidad de Mi Familia Progresa:
Falso. Ella confunde publicidad con información. Se trata de gastos para cubrir la divulgación a las familias beneficiarias de Mi Familia Progresa en las comunidades donde funciona el programa, acerca de los requisitos y obligaciones que deben reunir para participar dentro del mismo. Son mensajes informativos en 16 idiomas mayas. No hay publicidad de Mi Familia Progresa en la capital.
Ella afirma que solo cuatro programas tienen estructura programática. Ella, por lo visto, no ha comprendido que esos cuatro programas son los denominados Programas Presidenciales. El resto son ejecutados (y por tanto tienen su estructura programática) en la institución a que pertenecen. Por ejemplo: Agua, Fuente de Paz es un programa dentro del INFOM.
Carreteras Solidarias es un programa dentro de COVIAL.
Transferencias por Desnutrición es parte de Mi Familia Progresa para el área Chortí, por ser una de las más afectadas por la falta de ingesta alimentaria adecuada. Jornadas Médicas Solidarias, es ejecutado por el Ministerio de Salud Pública en asentamientos y áreas rurales.
Cohesión Social Urbana. Es el mismo caso de Cohesión Social: Una estrategia para orientar y focalizar la inversión y acción institucional en el área urbana de la capital. La información está en:
http://www.cohesionsocial.gob.gt/urbano/
Lo mismo ocurre con el Consejo de Cohesión Social para la Zona Reina.
La desinformación proporcionada por la diputada Montenegro llega al extremo de incluir a Prorural dentro del Consejo de Cohesión Social cunado se trata de dos acciones independientes y sin relación alguna entre ellas. Lo mismo ocurre con Microcréditos, el cual es parte de Creciendo Bien y coordinado por SOSEP, no por este Consejo.
La adjudicación a las trece empresas beneficiadas por la edificación, equipamiento y distribución de materiales para los comedores solidarios, con una inversión superior a los Q20 millones no tiene nada de objetable. Al menos no se trata de una sola empresa favorecida.
El tema de la adjudicación de almuerzos a Escuelas Abiertas a una empresa también es otro desliz, puesto que fueron cuatro las empresas favorecidas en dicho concurso.
El caso es que los programas de Cohesión Social son generalmente analizados más con un enfoque político que con criterios técnicos y, cuando se dan pasos a favor de la transparencia, los mismos son minimizados o sometidos a ataques infundados como los emitidos por la diputada Nineth Montenegro, a quien se le ha invitado en reiteradas ocasiones para que se acerque al Consejo de Cohesión Social para conocer directamente cómo funcionan estos programas pero no lo ha hecho. El problema es que si algo no se conoce no se puede fiscalizar y la información a la población resulta distorsionada.
Rogándole disculpar las molestias, suscribo de usted, como siempre
Vocero del
Consejo de Cohesión Social