Aparentemente hay más agradecidos externos que de la casa. Esta es la misma iniciativa de Ley que hace dos semanas estaba casi en el cajón del abandono. Me permito leer entre lí­neas las palmadas en la espalda del Estado guatemalteco que son por implementar un correctivo a los errores de diseño institucional, para el caso no menor de los vicios que se dan en el seno de las comisiones de postulación, que fueron permitiendo que el fauno de la corrupción hábilmente fuera anidando y poniendo en entredicho, el modelo y por lo tanto los valores del entramado institucional, como fórmula de la democracia liberal. Por ejemplo para nadie es un secreto de la pugna acérrima que se da entre dos bandos en el Colegio de Abogados.

O en otras palabras, la intención polí­tica de esta ley se debe comprender cómo es un gesto que aspira a resolver la paradoja guatemalteca de su andamiaje institucional democrático. Me explico, aquí­ rige un marco legal con todo e instituciones, pero sin verdadera posibilidad de estabilizar y normar las relaciones sociales. El conflicto social se dirime a pesar de la ley.

En la lógica histórica de la edificación del Estado liberal, la creación de las condiciones que permitieran la igualdad ante la ley, precepto sobre el que se rige el llamado Estado de Derecho, instaurarí­a el régimen de la ley a partir del cual se edificarí­a el tablado institucional, acotando los privilegios y abusos del poder. El baluarte de la defensa de la libertad y la decisión individual, fueron los pilares para acabar con los poderes de grupos corporativizados en la edad media. Hoy dí­a parece más bien que la noción de libertad y de democracia delimitan o he de decir limitan desde un poder generalmente hegemónico, el área desde la cual se nos permite actuar. Quizá en esta idea radica y se desarrollan distorsiones como la guatemalteca, bajo la cual se institucionaliza la exclusión permitiendo el acuerdo o el pacto informal y coyuntural. Si ese entramado legal no se traduce en Estado de Derecho, no se garantiza el bien común, pero a su vez se limita la actuación, lo cual hace un cí­rculo perverso.

En este marco y a la sombra del caso Rosenberg, ensayo varias suposiciones como razones para reflotar el debate y aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación: la conclusión lapidaria del relator Despouy cuya visita fue hábilmente aprovechada por organizaciones de la sociedad civil del sector justicia; la recomposición de la estrategia de diversos poderes, una vez dimensionada la onda expansiva de la bomba que desató el video Rosenberg, esto pasa por deponer incluso la lucha por sillas ya aseguradas en el botí­n más próximo que era la Corte Suprema de Justicia; para el caso de la UNE, una vez fallida la negociación del paquete fiscal, el apoyo hacia esta ley era lo polí­ticamente correcto.

Por favor pregúntese quien pierde o ve minado su interés en mantener representantes que aseguren una delicada y fina impunidad en casos históricos.

La Ley de Comisiones de Postulación es un buen instrumento técnico jurí­dico que permitirá mejores perfiles de candidatos si hay voluntad polí­tica, nada más. Me pregunto si su concepción en medio de la crisis polí­tica, no ha sido presa de su propia trampa, al ser el fruto de un acuerdo polí­tico de coyuntura en la informalidad del poder.