Guatemala adopta ley de Postuladoras


El Congreso de Guatemala aprobó ayer una ley con la que se espera mejorar el sistema judicial y la transparencia en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante la presión de la comunidad internacional.


El presidente del Legislativo, el oficialista Roberto Alejos, dijo que la denominada «Ley de Comisiones de Postulación» fue aprobada durante un plenario extraordinario debido a que los diputados están en un receso de medio año.

La ley propuesta por la diputada izquierdista Nineth Montenegro necesitó del empuje de embajadores europeos y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU para apoyar al paí­s en la lucha contra la impunidad.

Los magistrados de la Corte se encuentran en un proceso para elegir a su nuevo presidente desde octubre del año pasado, pero las pugnas internas han impedido que en unas 30 reuniones se llegue a definir al nuevo titular.

Ahora el Poder Ejecutivo deberá decidir en un plazo de 15 dí­as si sanciona o veta la ley. Si no la sanciona, regresa al Congreso.

La norma comenzará a aplicarse para la renovación de la totalidad de la Corte Suprema, cuyos miembros dejarán sus cargos en octubre, cuando se cumpla el perí­odo de cinco años que les corresponde según la legislación local.

El proceso de elección comenzará el 12 de julio con el nombramiento, por parte del Legislativo, de una comisión postuladora que analizará las hojas de vida de los candidatos a ocupar una magistratura de la Corte.

Luego la comisión enviará un listado de 26 seleccionados al pleno para que se elijan a los 13 magistrados nuevos.

La ley también servirá para los procesos de selección en la Fiscalí­a General, la Contralorí­a General de Cuentas, la Procuradurí­a General de la Nación, la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, la Corte de Apelaciones y el Tribunal Supremo Electoral, entre otros organismos.

La nueva ley era demandada por amplios sectores guatemaltecos para comenzar a modernizar el sistema judicial, calificado por crí­ticos locales como anacrónico, endeble y corrupto.